Una nueva controversia relacionada con la financiación de campañas políticas sacude al Pacto Histórico, tras la radicación de denuncias formales ante los organismos de control del Estado. El exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, ha puesto en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades contables y financieras en las cuentas de campaña del senador Iván Cepeda y de la exministra Carolina Corcho, señalando desproporciones significativas entre la capacidad económica de los donantes y los montos aportados.
Según la documentación presentada por el denunciante, la campaña de Iván Cepeda para la consulta del Pacto Histórico habría recibido una inyección de capital superior a los 600 millones de pesos proveniente de una empresa de litografía. Lo que ha encendido las alarmas de las veedurías es que dicha compañía, según sus registros mercantiles, contaría con un capital suscrito de tan solo 20 millones de pesos. Esta discrepancia financiera ha motivado la solicitud de una investigación exhaustiva para determinar el origen real de los fondos, dado que la capacidad operativa de la empresa no parece corresponder con la magnitud del aporte realizado.
De manera simultánea, la denuncia expone una situación similar en la financiación de la campaña de Carolina Corcho. En este caso, se señala que un restaurante, el cual se encontraría en proceso de liquidación, habría realizado un préstamo por una suma superior a los 700 millones de pesos. La acusación se centra en la incoherencia de que un establecimiento comercial en estado de insolvencia o cierre posea la liquidez necesaria para otorgar créditos de esta envergadura a una campaña política, lo que podría constituir una violación a las normas de financiación electoral.
Ante la gravedad de los hallazgos, Juan Martín Bravo radicó las acciones correspondientes ante tres instancias clave: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo de estas diligencias es que se active el aparato judicial y administrativo para verificar la trazabilidad del dinero, la legalidad de las transacciones y si se incurrió en delitos como fraude procesal, falsedad en documento o financiación prohibida.
Las autoridades electorales y judiciales deberán ahora evaluar el material probatorio entregado para determinar si se abren investigaciones formales contra los gerentes de campaña y los candidatos implicados. Este caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles en tiempo real sobre los ingresos y gastos de las contiendas electorales en Colombia, buscando garantizar la transparencia en el origen de los recursos que sostienen la democracia.
