La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, envió una carta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) solicitando formalmente que retire el requerimiento de información enviado a medios de comunicación, al considerar que su formulación actual podría vulnerar estándares constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa.
Según la misiva conocida por medios como La W, la defensora señala que a pesar de que la CRC emitió posteriormente un comunicado aclaratorio —expresando que la solicitud no tiene carácter sancionatorio y que obedece a fines analíticos— dicho pronunciamiento “no aclara de manera suficiente los alcances jurídicos y las garantías aplicables a la información solicitada”.
La carta recuerda que el requerimiento original incluye la solicitud de documentos internos como actas, relatorías y decisiones editoriales dentro de los medios, y advierte que “incluso si el propósito de la solicitud es investigativo o analítico, la formulación actual del requerimiento puede generar efectos inhibidores sobre la deliberación periodística”. Según la Defensoría, esto “contradice los estándares constitucionales e interamericanos sobre libertad de prensa y reserva profesional”.
La Defensoría sustenta su posición en que la “naturaleza de la información solicitada, aun cuando se plantee con fines de diagnóstico”, involucra aspectos esenciales del proceso interno de decisión de los medios, que cuentan con una protección reforzada frente a cualquier forma de injerencia estatal. En ese sentido, insiste en que la CRC debe retirar el requerimiento “por resultar incompatible con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos sobre libertad de prensa, reserva profesional y autonomía editorial”.
La Defensoría, no obstante, se declara abierta a promover un diálogo institucional para avanzar en el pluralismo informativo, mejorar la calidad de los contenidos y fortalecer la confianza ciudadana en los medios, en el marco del respeto al secreto profesional y la autorregulación periodística.
Esta petición de la Defensoría se produce en un contexto de creciente atención institucional: la Procuraduría General de la Nación, bajo el mando del procurador Gregorio Eljach, anunció la apertura de una acción preventiva contra la CRC para evaluar riesgos de vulneración de la libertad de prensa.
El procurador exige que la CRC presente el requerimiento original, el fundamento legal de su competencia, claridad sobre la voluntariedad de entrega de la información, protocolos de confidencialidad y una descripción del uso previsto para los datos solicitados. Además advierte que la solicitud podría configurar una extralimitación funcional, generar riesgo de censura indirecta y comprometer la confidencialidad de fuentes y la reserva profesional.
La polémica se originó cuando la CRC envió una circular a medios, solicitando información sobre sus políticas editoriales, criterios de selección de contenidos, mecanismos de verificación y documentos internos, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento.
Frente a ello, la CRC ha defendido la legitimidad de su solicitud, argumentando que su objetivo no es sancionar sino promover diálogo informativo. Sin embargo, la redacción literal del requerimiento mantiene plazos para entrega de información y menciona posibles sanciones, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre su carácter coercitivo.
El debate suscitado coloca en el centro la tensión entre el rol regulador del Estado y las garantías constitucionales de autonomía y reserva editorial de los medios. La postura conjunta de la Defensoría y la Procuraduría apunta a que cualquier intervención estatal debe ceñirse a parámetros estrictos, respetando los límites impuestos por la jurisprudencia nacional e internacional en materia de libertad de prensa.
