El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, ha quedado en el ojo del huracán tras una nueva revelación que cuestiona la coherencia entre su discurso político y sus acciones personales. En su más reciente columna, el periodista Daniel Coronell expuso una serie de audios en los que el congresista ofrece un empleo en condiciones que vulneran la ley laboral colombiana, en un fruver de su propiedad.
Según Coronell, Racero le habría encomendado a Leonardo García, un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la contratación de una cajera para su minimercado. En el audio revelado, se escucha al congresista proponiendo un salario mensual de un millón de pesos, sin ningún tipo de prestación social, para una jornada laboral de 13 horas diarias, seis días a la semana. Además, detalla que la persona deberá asumir múltiples funciones: desde atención en caja hasta limpieza de baños, preparación de alimentos y organización de productos.
“Es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, ellos saben”, dice Racero en el audio. “Ellos tienen que hacer de todo… lavan baños, hacen pulpa, arreglan comida… cajera, pero de todo”, se escucha en la grabación, dejando entrever la informalidad y sobrecarga laboral exigida. La declaración generó una oleada de críticas en redes sociales y entre distintos sectores políticos, al tratarse de un parlamentario que ha sido una de las voces más visibles en la defensa de reformas laborales progresistas.
La situación se vuelve aún más polémica si se considera que Racero utilizó a un empleado del Congreso, cuya función debería estar circunscrita a temas legislativos, para gestionar asuntos privados. Esta práctica podría configurar un posible uso indebido de recursos públicos, lo cual ya había sido denunciado previamente en otros episodios relacionados con el congresista.
Por su parte, Racero no se ha pronunciado oficialmente frente a esta nueva controversia. El silencio del congresista ha alimentado aún más el debate, y se espera que en los próximos días haya una respuesta pública o institucional que permita esclarecer los hechos. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación ya estaría evaluando los audios como parte de una posible investigación disciplinaria, dado el uso de recursos estatales para fines personales.
Este escándalo se suma a la investigación abierta por la Procuraduría sobre supuestas presiones de Racero al director del SENA, Jorge Londoño, para nombrar personas afines en cargos de esa entidad. Las revelaciones ponen en jaque la imagen del congresista, quien ha construido buena parte de su capital político en la defensa de la ética pública y los derechos de los trabajadores.
