El precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, difundió en las últimas horas un breve video en el que promete eliminar las notarías, las cámaras de comercio, los peajes y las fotomultas de llegar a la Presidencia en 2026. Su propuesta apunta a una transformación radical del sistema burocrático y regulatorio del país.
Quintero sostiene que la función de las notarías podría ser sustituida por plataformas digitales gratuitas, evitando “que sigan robando a la gente en su propia cara”. Con este argumento, busca desactivar lo que califica como cobros excesivos y trámites innecesarios. En el video, arranca una lista escrita en un tablero, confirmando públicamente su voluntad de eliminar esas entidades.
Respecto a las cámaras de comercio, peajes y fotomultas, también señaló que, bajo su gobierno, “se acaban” esas estructuras porque son parte de una “estafa legalizada” en perjuicio de ciudadanos y pequeñas empresas. Utiliza un tono enérgico y directo para cuestionar la carga económica que representan para los ciudadanos.
El mensaje ha generado opiniones divididas. Sus partidarios aplauden la audacia de Quintero para impulsar una limpieza política y administrativa, mientras que críticos alertan sobre los riesgos de reformas tan drásticas, la viabilidad jurídica de “cerrar” estas instituciones y el posible impacto en la formalización de la economía.
No es la primera vez que Quintero plantea propuestas disruptivas. En su plataforma también ha mencionado la creación de una asamblea constituyente para “resetear la política”, además de ataques contra el Congreso y los medios tradicionales. Sus anuncios han tensionado aún más el debate sobre límites institucionales y el rol del Estado.
A escasos meses del inicio oficial de la campaña presidencial, esta propuesta radical obliga a los competidores a definir posiciones frente a temas sensibles de gobernanza y confianza pública. En particular, destaca la tensión entre modernización administrativa y seguridad jurídica, que será central en la contienda de 2026.
La reacción ciudadana permanece dividida, mientras los analistas evalúan si estas propuestas servirán para captar apoyo entre indecisos o, por el contrario, reforzarán la percepción de populismo. El debate sobre la eficacia, el alcance y las implicaciones legales de eliminar entidades públicas se mantiene abierto y se intensificará en los próximos meses.
