La Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia SU-432/25, mediante la cual ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente y ofrecer disculpas a las mujeres periodistas por las expresiones utilizadas el 30 de agosto de 2024 durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz. En esa ceremonia, el mandatario se refirió a las comunicadoras como “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia”, afirmación que, según la Corte, vulneró derechos fundamentales de las afectadas.
El alto tribunal revocó las decisiones del Consejo de Estado que habían negado la tutela interpuesta por un grupo de periodistas y determinó que el presidente transgredió los derechos a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación. Según el fallo, las palabras del jefe de Estado constituyeron un discurso estigmatizante que reproduce estereotipos de género y configura una forma de violencia simbólica incompatible con la Constitución.
La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, ordenó a Petro retractarse en un plazo de cinco días mediante una alocución presidencial, realizada en el mismo formato y escenario en que se pronunciaron las expresiones ofensivas. El discurso deberá centrarse exclusivamente en ofrecer disculpas y reconocer que sus palabras no fueron adecuadas. Además, tanto el video como la transcripción deberán incluir una nota aclaratoria que lo indique de forma explícita.
La Corte también le ordenó abstenerse de emitir mensajes o contenidos que vulneren los derechos de las mujeres periodistas o promuevan la violencia de género, y reiteró su exhorto al Congreso de la República para que adopte medidas efectivas frente a la violencia digital contra las mujeres, conforme a las recomendaciones de la ONU y la OEA.
Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis aclararon su voto. Ibáñez destacó que la sentencia representa un avance significativo en la protección de las mujeres periodistas frente a la violencia simbólica, y consideró que el fallo pudo tener efectos más amplios para garantizar igualdad real. Camargo, por su parte, enfatizó la responsabilidad reforzada de los altos funcionarios al expresarse públicamente, recordando que las palabras de un presidente pueden tener un impacto institucional y poner en riesgo los derechos de quienes son aludidos.
Con esta decisión, la Corte Constitucional sienta un precedente histórico sobre los límites del discurso presidencial y la necesidad de que los servidores públicos ejerzan su derecho a la libre expresión con responsabilidad y respeto por la igualdad de género.
