La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que anuló la intervención ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro sobre la EPS Sanitas y sus bienes, medida que había sido implementada desde abril de 2024. La decisión del alto tribunal dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia Financiera que había quitado el control operativo de la entidad de salud, tras considerar que el proceso vulneró el derecho al debido proceso de Sanitas, sus clínicas y la empresa Keralty S.A.S. La intervención, justificada por el Ejecutivo como necesaria ante una supuesta “insuficiencia patrimonial” de la EPS para cumplir con los estándares de atención en salud, fue calificada por la Corte como contraria a las garantías constitucionales y carente del cumplimiento de las órdenes emitidas previamente por el tribunal.
De acuerdo con el fallo, la Superintendencia de Salud no atendió los lineamientos que la Corte había dispuesto respecto al seguimiento de la situación del sistema de salud, entre ellos la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el reconocimiento de presupuestos máximos y la revisión precisa de las cifras del sistema. Estos incumplimientos, según el alto tribunal, fueron determinantes para considerar inválida la intervención y ratificar la obligación del Gobierno de respetar los procedimientos legales y técnicos en la toma de decisiones sobre el sector.
La resolución se adoptó por mayoría, aunque se destacó el voto salvado del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien argumentó a favor de mantener la medida gubernamental. Fernández Andrade, quien se desempeñó como exsecretario jurídico del presidente Petro, mostró su desacuerdo con la posición mayoritaria, reflejando las tensiones y divisiones internas en el seno del tribunal sobre el manejo del caso.
Con el fallo, Sanitas, una de las principales EPS del país, recupera su autonomía operativa tras un periodo que generó profunda incertidumbre entre sus usuarios, quienes enfrentaron dificultades en el acceso y continuidad de los servicios de salud. La Corte Constitucional, con esta decisión, reafirma su papel como garante del respeto a los derechos fundamentales y de la obligación del Estado de actuar con estricto apego a los marcos legales y constitucionales en las intervenciones al sistema de salud. El Gobierno, por su parte, deberá ajustar sus estrategias y procedimientos para responder a los retos del sector sin menoscabar las garantías de las instituciones ni los derechos de los ciudadanos.
