La Corte Constitucional de Colombia, a través del Auto 841 del 27 de junio de 2025, decidió devolver al Congreso la Ley 2381 de 2024 —la reforma pensional promovida por el gobierno— debido a un “vicio de procedimiento” detectado durante el segundo debate en la Cámara de Representantes. Según el comunicado oficial, la plenaria acató el texto aprobado por el Senado sin someterlo a un debate y votación adecuados, lo que vulneró principios esenciales como la deliberación legislativa y los derechos de las minorías.
Frente a esta irregularidad, la Corte ordenó al presidente de la Cámara de Representantes repetir la discusión y votación de la proposición sustitutiva en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados desde la comunicación del auto y sólo en sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso. La normativa no entrará en vigencia el 1 de julio, como estaba previsto, hasta que la decisión se subsane y la Corte se pronuncie definitivamente sobre su constitucionalidad.
Además, la medida faltó un alcance adicional: se suspendieron los términos para los procesos de constitucionalidad en curso y futuros sobre esta ley, hasta que la Corte emita su fallo final. No obstante, se mantiene en rigor el parágrafo transitorio del artículo 12 y el artículo 76, lo que preserva ciertos beneficios, como los traslados pensionales ya iniciados o autorizados.
Esta decisión, tomada de forma unánime por la Sala Plena, fue precedida por una denuncia de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que alegó violaciones Constitucionales en el trámite legislativo, incluyendo la eliminación de regímenes especiales y el cobro de renta a pensiones altas. La Corte estableció que esos errores fueron subsanables a través del nuevo procedimiento en la Cámara.
El Gobierno, por su parte, anunció la convocatoria de sesiones extraordinarias en ambas cámaras para remediar los vicios detectados y avanzar en el trámite de la reforma pensional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó esta ruta como un “salvavidas democrático”, mientras sectores como Asofondos y analistas resaltaron que, al mantener elementos clave de la ley vigentes, se preserva seguridad jurídica para los trabajadores.
El pronunciamiento de la Corte envía señales claras: aunque no tumba la reforma, subraya la importancia del rigor en los procesos legislativos y el respeto por los derechos parlamentarios. La pelota ahora está en el Congreso, donde el debate deberá replicar lo aprobado en el Senado o introducir modificaciones, para luego regresar al alto tribunal y definir su destino final.
