La Contraloría General de la República alertó sobre una contratación pública inusualmente alta registrada en el sector estatal colombiano durante enero de 2026, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, norma que restringe la firma de contratos estatales en periodo preelectoral.
De acuerdo con datos oficiales, 544.000 contratos públicos fueron suscritos durante enero, con un valor agregado cercano a 37 billones de pesos, según el reporte consolidado por la Agencia Nacional de Contratación Pública a partir de los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Las cifras de la contratación muestran una concentración de procesos en entidades territoriales, que representaron el 61 % del valor total de los contratos, mientras que el restante 39 % correspondió a organismos del nivel nacional.
El análisis del volumen de contratos indica que, entre departamentos y municipios, se firmaron más de 377.000 procesos contractuales, mientras que 166.000 se adjudicaron por parte de entidades centralizadas del Gobierno Nacional.
El ente de control fiscal ha destacado que este comportamiento es atípico en periodos en los que se aproxima la restricción de la Ley de Garantías, que busca asegurar condiciones equitativas en el uso de recursos públicos en periodo de precampañas y campañas electorales.
La Contraloría ha señalado que la contratación acelerada puede limitar la transparencia y dificultar el control eficiente de los recursos públicos, especialmente en un año electoral como el de 2026, en el que el presidente Gustavo Petro dejará el cargo antes de las elecciones presidenciales.
Aunque el reporte de la Contraloría no se ha limitado a un solo tipo de contrato, diversas denuncias de congresistas y veedores han destacado la amplia utilización de la contratación directa y convenios interadministrativos sin licitación, un aspecto que ha sido citado por sectores políticos como objeto de investigación adicional por parte de organismos de control.
La Ley de Garantías Electorales, vigente desde el 8 de noviembre de 2025 durante el ciclo electoral, restringe el uso de recursos públicos para evitar ventajas de incumbencia por parte de quienes ejercen cargos de elección popular; incumplir estas disposiciones puede dar lugar a investigaciones por parte de entidades como la Contraloría, la Procuraduría y, eventualmente, la Fiscalía.
Organismos de control fiscal han anunciado que seguirán evaluando los procesos contractuales reportados en el SECOP para determinar si hubo irregularidades en la planificación, ejecución o transparencia en la contratación estatal en el periodo previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
