Por: Ramón Elejalde Arbeláez
Desde algunas tribunas periodísticas y de labios de funcionarios locales se han venido lanzando frases, entre directas y subliminales, con el fin de deslegitimar los diálogos socio-jurídicos que, en aras de la paz total, se desarrollan en cárceles como la de Itagüí con voceros de bandas del crimen organizado que operan en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Sobre este tema, es pertinente hacer algunas precisiones a la opinión pública, y eso me propongo en este escrito, utilizando un tono mesurado y evitando recriminaciones personales, para no imprimirle un tinte político, pero sí con el objetivo de aportar claridad.
Lo primero que debe dejarse despejado es que estos diálogos están plenamente autorizados por la Ley 2272 de 2022, expedida por el actual Congreso de la República —que, vale decir, no es precisamente el más afecto al Gobierno de Gustavo Petro—. Esta norma fue revisada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-525 del 28 de noviembre de 2023. Tanto la ley como la sentencia mencionada constituyen el marco legal que guía, de manera invariable, el desarrollo de los diálogos que se realizan en Itagüí. En ese espacio de paz, se respeta profundamente estos dos mandatos superiores. No se hace nada que vulnere la voluntad del legislador ni los condicionamientos establecidos por nuestro supremo tribunal constitucional.
En virtud de la Ley y de la sentencia de constitucionalidad ya citadas, el Presidente de la República expidió la Resolución No. 452 del 8 de noviembre de 2024, “Por medio de la cual se designa a representantes del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Socio-jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá”. Esta delegación reemplazó a otra que, bajo una normatividad presidencial similar, venía cumpliendo con la misión de adelantar la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
Ese es el sustento jurídico que acompaña los diálogos socio-jurídicos que se realizan en la cárcel de Itagüí.
Dichos diálogos han contado, invariablemente, con la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Pastoral Social de la Iglesia Católica. Asimismo, se ha informado a la comunidad internacional sobre el camino recorrido y el que se espera transitar en los próximos meses, dado que, hace algunos días, la Delegación de Paz para Medellín y el Valle de Aburrá se reunió con doce embajadores y delegados de gobiernos extranjeros acreditados en Colombia. Nada que esconder.
Estas conversaciones, que como su nombre lo indica son sustancialmente socio-jurídicas —tal como lo ordena la Corte Constitucional en la sentencia mencionada—, tienen como propósito “desescalar” las violencias en la región, preservar la vida, facilitar la libertad de locomoción de los habitantes; en fin, buscan poner fin al dolor, la muerte, la desolación y la violencia que aquejan a muchos lugares del Valle de Aburrá. Y, a fe que lo están logrando, de manera pausada pero segura.
La paz que se construye en estos diálogos es una paz territorial, con vinculación y presencia activa de la sociedad civil. No es, por tanto, una paz que desconozca las realidades de los barrios, corregimientos, veredas ni de sus gentes.
Finalmente, llevamos casi ochenta años tratando de terminar con la violencia urbana y rural, acudiendo a la fuerza estatal. En ese escenario hemos experimentado todo tipo de acciones y los resultados son catastróficos, la violencia cada día escala posiciones más y más absurdas y dolorosas. Colombia y especialmente Antioquia y Medellín, están en la obligación de permitir que otras opciones se apliquen en la búsqueda del sosiego social que los habitantes de esta región merecemos. Haciendo lo mismo, lo que hace ochenta años practicamos, no obtendremos resultados distintos.
¿Queda claro a que asiste la Delegación de paz del Gobierno a la cárcel de Itagüí? Nada oculto, todo claro y diamantino y con apego irrestricto a la Constitución y a la ley.
