El Consejo de Estado negó las demandas que buscaban anular la votación en el Congreso que dio lugar al hundimiento de la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ratificando así la validez del trámite legislativo que frenó esta iniciativa.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, que concluyó que no existían fundamentos jurídicos suficientes para invalidar las votaciones realizadas en el Senado. Con este fallo, se mantiene en firme el archivo de la propuesta que pretendía someter a consulta ciudadana temas relacionados con la reforma laboral promovida por el Ejecutivo.
La consulta popular había sido planteada como un mecanismo alternativo para avanzar en cambios estructurales en materia laboral, luego de que el Congreso negara su aprobación. Sin embargo, el Senado rechazó la iniciativa en mayo de 2025, lo que generó una fuerte controversia política y jurídica en el país.
Tras ese resultado, distintos sectores interpusieron acciones judiciales argumentando posibles irregularidades en el proceso de votación. No obstante, el Consejo de Estado determinó que el procedimiento se ajustó a la normatividad vigente y que no había razones para repetir o anular la decisión legislativa.
El fallo también se suma a otros episodios jurídicos relacionados con la consulta popular, como la suspensión previa del decreto con el que el Gobierno buscó convocarla directamente, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por el alcance de las reformas sociales.
Con esta decisión, se cierra una de las principales controversias institucionales derivadas del intento del Gobierno de llevar su agenda laboral a las urnas mediante mecanismos de participación directa. El pronunciamiento del Consejo de Estado reafirma el papel del Congreso en la aprobación de este tipo de iniciativas y marca un precedente sobre los límites del Ejecutivo en el uso de instrumentos extraordinarios para impulsar reformas.
