El Consejo de Estado solicitó formalmente a la Fundación Santa Fe de Bogotá un informe sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado en cuidados intensivos desde el 7 de junio tras sufrir un atentado. Esta petición responde a dos demandas por presunta precampaña anticipada y busca determinar si su condición médica garantizó una defensa adecuada en el proceso por pérdida de investidura.
Las demandas fueron interpuestas por Carlos Alberto Sánchez Grass, líder sindical de Sinsergen y UTC, quien acusa a Uribe de aprovechar su investidura para hacer política durante actividades públicas el mismo día del ataque. Se señala una posible violación del régimen de inhabilidades contemplado en el artículo 183 de la Constitución.
El auto emitido el 18 de julio por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra estima necesario contar con el historial clínico completo del senador. La Fundación Santa Fe tiene cinco días hábiles para remitir la información, que será manejada bajo estricta reserva legal.
La condición de Uribe Turbay ha generado atención nacional. Aunque su estado mejoró levemente y comenzó rehabilitación, sigue en estado crítico. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó avances a través de redes sociales, calificando el proceso como “un nuevo camino lleno de fe”.
Expertos consideran que la certificación médica es clave: si se demuestra que Uribe no estaba en condiciones de defenderse, podría suspenderse temporalmente el proceso y preservar su derecho a defensa. Sin embargo, si recupera su capacidad jurídica, la demanda seguirá su curso.
La controvertida acción ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores la consideran un “ataque oportunista” durante uno de los momentos más delicados de salud del senador, otros argumentan que refuerza el estado de derecho y controla posibles abusos institucionales.
El proceso judicial avanza bajo reserva. Su próxima fase dependerá del contenido del informe médico: si Uribe recupera su capacidad de respuesta, enfrentará la decisión definitiva sobre su investidura y aspiración presidencial. En caso contrario, el tribunal podría considerar la nulidad temporal del proceso hasta que pueda ejercer su defensa.
