El Gobierno Nacional ha confirmado un giro histórico en la política laboral del país al anunciar la incorporación del concepto de «Salario Mínimo Vital» en el decreto que fijará la remuneración para el año 2026. El presidente Gustavo Petro, durante una alocución realizada el pasado 24 de diciembre, aseguró que esta medida busca garantizar que el ingreso de los trabajadores sea suficiente para cubrir no solo necesidades individuales, sino también familiares, alineándose con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La decisión de adoptar este nuevo modelo se produce luego de que la mesa de concertación salarial no lograra un consenso entre gremios, centrales obreras y el Gobierno, obligando al Ejecutivo a intervenir directamente para definir el ajuste. Según lo expresado por el jefe de Estado, el cálculo del nuevo monto, que se espera sea superior al 11 % o 12 %, tomará en cuenta variables como la canasta mínima vital familiar y el promedio de personas que aportan ingresos en cada hogar, distanciándose de la metodología tradicional enfocada mayoritariamente en la inflación y la productividad.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ratificó que el decreto oficial será expedido a más tardar el próximo 30 de diciembre, cumpliendo con los plazos de ley para que el nuevo esquema entre en vigencia el 1 de enero de 2026. Sanguino destacó que el objetivo es cerrar la brecha entre el salario legal y el costo de vida real, implementando principios de remuneración vital y móvil que aseguren condiciones dignas en alimentación, vivienda, educación y transporte para los hogares colombianos.
Expertos señalan que esta transición hacia un salario vital responde a una interpretación sistemática de la Constitución de 1991 y a la jurisprudencia que diferencia el «mínimo vital» del salario mínimo legal vigente, entendiendo el primero como una garantía cualitativa de subsistencia digna. Con esta medida, Colombia se convierte en pionera en la región al formalizar este concepto mediante decreto ejecutivo, marcando un precedente en la protección de los derechos laborales y la equidad social.
