Colombia cerró el año 2025 con un déficit fiscal del -7,5% respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), posicionándose como la segunda nación con el mayor desbalance presupuestario entre 41 países analizados por la prestigiosa revista The Economist. Este registro sitúa al país únicamente por debajo de Egipto, superando las brechas fiscales de economías desarrolladas y emergentes bajo seguimiento global. La cifra evidencia un deterioro significativo en las cuentas públicas, impulsado por una caída persistente en el recaudo tributario que, al cierre del ejercicio, dejó un faltante de 9,4 billones de pesos frente a las metas gubernamentales.
La situación fiscal ha encendido alarmas en los mercados internacionales debido al incremento en los costos de financiamiento de la deuda pública. Actualmente, Colombia paga intereses más elevados por sus compromisos crediticios que naciones en conflicto o con crisis humanitarias, como Ucrania y Pakistán. Este fenómeno se refleja en la curva de rendimiento de los Títulos de Tesorería (TES), donde la desconfianza de los inversionistas ha empujado las tasas a niveles críticos, dificultando el cumplimiento de la Regla Fiscal y comprometiendo la sostenibilidad financiera del Estado a mediano plazo.
Frente a este panorama, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social a finales de 2025 mediante el Decreto 1390, buscando facultades extraordinarias para mitigar el hueco financiero. A partir del 1 de enero de 2026, entraron en vigor nuevas medidas tributarias contenidas en el Decreto 1474, las cuales incluyen sobretasas al sector bancario y ajustes en el Impuesto al Patrimonio. Estos mecanismos pretenden recaudar 11,1 billones de pesos adicionales para cubrir el déficit operativo, en un entorno marcado por la baja ejecución de inversión productiva y el aumento del gasto en contratos de funcionamiento.
Analistas económicos coinciden en que la dependencia de la deuda externa y la falta de ingresos estructurales han vulnerado la calificación crediticia del país. El desbalance primario, que excluye el pago de intereses, es también el más alto de la región por segundo año consecutivo, lo que limita la capacidad del Banco de la República para reducir las tasas de interés y estimular la reactivación económica. La incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica persiste mientras el ejecutivo intenta equilibrar las demandas sociales con las exigencias técnicas de los organismos multilaterales de crédito.
