La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un fallo definitivo en el que declara administrativamente responsable a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por la violación de los límites de gastos establecidos por la ley. Tras meses de estudio y deliberación sobre las ponencias presentadas, el organismo electoral determinó que la coalición Pacto Histórico sobrepasó los topes financieros permitidos tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, incurriendo en faltas graves contra el régimen de financiación estatal.
El tribunal electoral impuso sanciones económicas directas a los directivos de la campaña, destacando la multa al entonces gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. El fallo establece que Roa, en su calidad de administrador de los recursos, omitió el reporte de ingresos y gastos cruciales en los libros contables oficiales. Estas omisiones incluyen aportes realizados por sindicatos como Fecode y la USO, así como el pago a miles de testigos electorales y gastos de transporte aéreo que no fueron debidamente legalizados ante el fondo de campañas.
Como consecuencia de esta decisión administrativa, los partidos que avalaron la candidatura, específicamente Colombia Humana y la Unión Patriótica, enfrentan penalidades financieras severas. La sanción implica la pérdida del derecho a la reposición de votos por el monto excedido, lo que obliga a la coalición a devolver miles de millones de pesos al Estado colombiano. El CNE concluyó que la suma no reportada supera los 5.300 millones de pesos, una cifra que altera la transparencia exigida en la contienda democrática y rompe el equilibrio frente a las demás campañas.
Aunque el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de investigar y sancionar a la campaña y a sus gerentes, carece de competencia para juzgar disciplinaria o penalmente al Presidente de la República debido a su fuero constitucional. Por esta razón, el organismo ordenó compulsar copias inmeditamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ente encargado de determinar si el Jefe de Estado tiene responsabilidad política o penal en los hechos validados por la autoridad electoral.
La defensa del mandatario y del gerente de campaña ha sostenido durante el proceso que todos los gastos fueron reportados conforme a la normativa y han calificado la investigación como una persecución política. Sin embargo, con esta resolución en firme, se cierra la etapa probatoria en la instancia administrativa electoral, dejando un precedente histórico sobre la fiscalización de los recursos en las elecciones presidenciales y abriendo un nuevo capítulo jurídico que ahora queda en manos del Congreso de la República.
