El presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió este martes al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, la certificación oficial que confirma el rechazo del Senado a la convocatoria de una consulta popular propuesta por el Gobierno. La votación, realizada el pasado 14 de mayo, concluyó con 49 votos en contra y 47 a favor, lo que llevó al hundimiento de la iniciativa.
En el documento, Cepeda señala que la «Solicitud de concepto favorable del Senado de la República sobre convocatoria a Consulta Popular de carácter nacional» fue negada en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, mediante votación nominal, tal como consta en la certificación expedida por el Secretario General del Senado.
Esta notificación se produce en medio de un ambiente político tenso, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de convocar la consulta popular por decreto, argumentando que el Senado no se pronunció adecuadamente sobre la propuesta. El mandatario sostiene que se cometieron irregularidades durante la votación, incluyendo el cierre apresurado de la sesión y la alteración del sentido de algunos votos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha respaldado la posición del presidente, indicando que, según la Ley 5ª de 1992, el Senado debe hacer lectura de una proposición para luego debatirla y votarla, procedimiento que, según él, no se cumplió. Por lo tanto, argumenta que el Ejecutivo está facultado para convocar la consulta por decreto.
Sin embargo, el secretario general del Senado, Diego González, ha negado estas acusaciones, asegurando que el proceso fue transparente y que se cumplió con el principio de publicidad. Además, afirmó que la solicitud del Gobierno no contenía una proposición formal, por lo que no era posible proceder de otra manera.
Ante la posibilidad de que el presidente Petro emita un decreto para convocar la consulta, Cepeda ha advertido que dicha acción constituiría una violación de las leyes colombianas y ha anunciado que, de concretarse, presentará una demanda ante el Consejo de Estado. Asimismo, ha enviado una alerta temprana al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando una ruptura del orden constitucional y una amenaza a la separación de poderes.
El exregistrador nacional Alexander Vega también ha señalado que, aunque el presidente expida un decreto, la Registraduría no podría emitir un calendario electoral para la realización de la consulta sin el concepto favorable del Legislativo, que no existe.
La situación ha generado una profunda crisis institucional en Colombia, con enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ha provocado reacciones de diversos sectores políticos y sociales. Mientras tanto, el país espera la decisión final del presidente Petro y las posibles acciones legales que puedan derivarse de esta controversia.
