La administración de Estados Unidos ha emitido un pronunciamiento directo y contundente respecto a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien alertó sobre una supuesta operación encubierta de fuerzas militares norteamericanas en suelo colombiano. En una rueda de prensa que ha escalado la tensión bilateral, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, catalogó como «muy imprudente» la narrativa promovida por el mandatario colombiano sobre un hipotético ataque de la Fuerza Delta contra su gobierno.
El intercambio diplomático surge luego de que el jefe de Estado colombiano difundiera información sobre planes de desestabilización que involucrarían a unidades de élite extranjeras. Ante estos señalamientos, la vocera estadounidense desestimó la veracidad de dichas acusaciones, advirtiendo que este tipo de retórica no solo carece de fundamento, sino que pone en riesgo la histórica cooperación en seguridad entre ambas naciones. Funcionarios de Washington enfatizaron que las operaciones militares de su país se rigen por protocolos estrictos y no tienen como objetivo el cambio de régimen ni atentados contra líderes democráticamente electos.
El uso del término «imprudente» por parte de la Casa Blanca marca un punto de inflexión en el manejo diplomático de la crisis. Analistas internacionales interpretan esta calificación como una señal de agotamiento en Washington frente a las constantes denuncias de complots externos por parte de la Casa de Nariño. La declaración oficial busca desmarcar a Estados Unidos de cualquier plan conspirativo, al tiempo que responsabiliza al gobierno colombiano por generar un clima de hostilidad innecesario basado en rumores de inteligencia no verificados.
A pesar del desmentido, la administración estadounidense reiteró que mantiene todas sus capacidades operativas listas para proteger sus intereses de seguridad nacional en el hemisferio, aunque aclaró que esto no implica una acción hostil inminente contra Colombia. La situación ha generado preocupación en los sectores económicos y políticos, que temen que la escalada verbal afecte los tratados comerciales y los programas de ayuda financiera que dependen de la certificación y buena voluntad del gobierno norteamericano.
Expertos en relaciones internacionales advierten que la insistencia en la teoría del ataque militar podría aislar diplomáticamente a Colombia en un momento crítico. Mientras el gobierno de Petro sostiene su versión como un mecanismo de defensa preventiva, la respuesta de Estados Unidos deja claro que la paciencia estratégica se está agotando y que las consecuencias de estas acusaciones podrían trascender lo meramente declarativo para afectar la agenda bilateral sustantiva.
