Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y cercano colaborador del presidente Gustavo Petro, habría obtenido residencia legal en Nicaragua el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación lo imputó por presuntos delitos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Documentos revelados por medios como Noticias RCN e Infobae indican que la Cancillería colombiana, a través de su misión diplomática en Managua, solicitó formalmente la renovación del estatus migratorio del exfuncionario el 21 de mayo de 2025, coincidiendo con el momento en que fue presentado ante la justicia.
La duración de su permanencia legal en el país centroamericano se habría extendido desde diciembre de 2024, con vigencia hasta el 14 de junio de 2025, fecha en que expiraba su documento de residencia, la cual fue renovada mediante una carta oficial de la Embajada de Colombia dirigida al Ministerio de Migración de Nicaragua. El trámite fue aprobado con un costo simbólico de 56 dólares.
En su defensa, la Cancillería colombiana aseguró que no autorizó dicha gestión, alegando que la Nota Verbal presentada por la sede diplomática no fue consultada ni avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Simultáneamente, la excanciller Laura Sarabia afirmó desconocer cualquier solicitud relacionada con la residencia del exfuncionario durante su periodo en el cargo.
El exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, quien también integró el Partido Verde junto con Carlos Ramón González, se pronunció al respecto señalando que la vivienda del exfuncionario se trataba de un “amigo hospedado” y que no participó en maniobra alguna para facilitar su estancia ilegal o su fuga judicial. Entretanto, la Fiscalía colombiana continúa sin recibir la circular roja de INTERPOL, lo que dificulta la detención internacional del exfuncionario, pese a tener en su contra una orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 3 de julio de 2025.
El presidente Gustavo Petro, consultado sobre este hecho, ha asegurado reiteradamente que su gobierno “no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio” a favor de Carlos Ramón González. No obstante, ha anunciado que pedirá formalmente al Gobierno de Nicaragua la entrega del exfuncionario a la justicia colombiana, en caso de confirmarse su condición de residente allí.
Este episodio ha encendido el debate en torno a posibles desbordes diplomáticos y uso indebido de canales oficiales para proteger a un prófugo de la justicia. El caso enfrenta ahora múltiples frentes de investigación: penal, por presunto prevaricato o fraude a resolución judicial; y disciplinaria, en contra de funcionarios diplomáticos y de la Cancillería involucrados en el trámite
