La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE), liderada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría violado los topes de financiación por un monto que supera los 3 500 millones de pesos. Esta conclusión fue presentada mediante una ponencia extensa, que fue radicada ante la Sala Plena del organismo el martes 26 de agosto de 2025.
El documento de casi 600 páginas establece propuestas concretas de sanción administrativa: apunta directamente a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, además de a otros directivos como la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto. También incluye multas para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por presuntas irregularidades en financiación.
En cuanto a cifras específicas, el análisis distingue entre aportes no registrados y topes violados: según la ponencia, se evidencian aportes prohibidos de entidades como la Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode, violaciones por más de 2 447 millones en la primera vuelta y 596 millones en la segunda, así como otros gastos no declarados o excesivos.
La decisión final queda ahora en manos de la Sala Plena del CNE. Para que la ponencia tenga carácter vinculante se requiere la aprobación de al menos seis de los nueve magistrados, lo que implica la designación de conjueces, dado que varios magistrados podrían estar impedidos o en bloque adverso. La magistrada Alba Lucía Velásquez, vinculada con el Pacto Histórico, fue apartada del proceso mediante recusaciones, lo cual cambia el panorama del voto interno.
Ya se han anunciado medidas complementarias: los magistrados solicitaron la compulsa de copias de la resolución a la Fiscalía General de la Nación para evaluar posibles investigaciones penales, así como a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para el seguimiento político correspondiente.
Desde el Ejecutivo, hubo reacciones inmediatas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió al presidente de Ecopetrol, asegurando que “los topes nunca fueron excedidos” y afirmando la inocencia de Roa, al tiempo que recordó que el tribunal electoral carece de competencia para investigar al Presidente por la tutela que protege su fuero.
