El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió públicamente a las críticas del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño, proponiendo que Colombia reciba a la totalidad de la población carcelaria de ese país. La declaración se produjo luego de que Petro calificara las cárceles de El Salvador como “campos de concentración”.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Bukele planteó que, si Colombia considera que en su país se vulneran derechos humanos, estaría dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de los reclusos salvadoreños. La propuesta incluye a “los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’”, en referencia al enfoque del gobierno colombiano.
El pronunciamiento del mandatario salvadoreño se dio como respuesta directa a declaraciones de Petro, quien aseguró que un porcentaje significativo de los detenidos en El Salvador serían personas inocentes. Según el presidente colombiano, el 36 % de la población carcelaria en ese país no tendría responsabilidad en los delitos que se les atribuyen, lo que, a su juicio, constituye una situación grave en materia de derechos humanos.
Bukele, por su parte, defendió la política de seguridad implementada en su país, que ha sido ampliamente reconocida por la reducción de los índices de criminalidad, pero también cuestionada por organizaciones internacionales debido a denuncias sobre detenciones arbitrarias y condiciones de reclusión. En su mensaje, el mandatario salvadoreño señaló que, si se trata de “campos de concentración”, no debería permanecer ningún detenido en esas condiciones, proponiendo su traslado como alternativa.
El intercambio entre ambos jefes de Estado refleja una diferencia profunda en sus visiones sobre seguridad, justicia y derechos humanos. Mientras el gobierno de El Salvador ha priorizado una estrategia de mano dura contra las pandillas, el gobierno colombiano ha insistido en enfoques centrados en la protección de derechos y la búsqueda de soluciones estructurales al conflicto.
La propuesta de Bukele no ha tenido hasta el momento una respuesta oficial por parte del gobierno colombiano. Sin embargo, el cruce de declaraciones ha generado reacciones en distintos sectores políticos y ha reavivado el debate regional sobre los modelos de seguridad, el uso de medidas excepcionales y los límites en la protección de los derechos fundamentales en contextos de lucha contra el crimen organizado.
