El abogado y concejal Daniel Felipe Briceño Montes ha formalizado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Hollman Felipe Morris Rincón, actual gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC). En el documento dirigido al procurador Gregorio Eljach Pacheco, el demandante solicita la apertura de una investigación disciplinaria y, como medida preventiva, la suspensión provisional del funcionario, argumentando una presunta participación indebida en política y la vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad que rigen a la entidad estatal.
La denuncia se fundamenta en una serie de hechos recientes que, según Briceño, demuestran el uso de los micrófonos de RTVC para el activismo político. Como prueba principal, el documento cita un mensaje difundido el 31 de diciembre de 2025, en el cual Morris manifestó: “Vamos a tener unos seis meses muy complicados. Aquí se trata de fascismo o democracia… Pero ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos, defendiendo…”. Para el denunciante, estas afirmaciones constituyen un posicionamiento político explícito a favor del Gobierno Nacional, lo cual estaría prohibido para quien administra recursos públicos destinados a garantizar el pluralismo informativo.
Sumado a las acusaciones de participación política, la gestión de Morris ha sido cuestionada por el manejo de la información internacional referente a la crisis en Venezuela. Se señala que el gerente utilizó el medio estatal para difundir información falsa, negando en vivo la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero basándose en fuentes del régimen, y atribuyendo erróneamente disparos en Caracas a drones estadounidenses el 5 de enero, sucesos que posteriormente se confirmaron como fuego amigo por confusión con aeronaves no identificadas.
El recurso legal también pone bajo la lupa la alianza estratégica entre RTVC y Telesur. Briceño calificó este convenio como una conexión con una “máquina de propaganda” de Nicolás Maduro, advirtiendo que dicha asociación compromete la objetividad del sistema de medios colombiano. En su petición, el abogado argumenta que la suspensión provisional es necesaria y proporcional para proteger el orden constitucional y el interés general, evitando que la plataforma estatal continúe siendo utilizada para fines partidistas o de desinformación mientras avanza la investigación.
