El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ofreció disculpas públicas a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de haberse referido a ella con términos como “loca”, “demente” y “delincuente” en el contexto de un allanamiento ordenado a su residencia en Puerto Colombia por su despacho.
El funcionario publicó en su cuenta de X: “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación, y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”. Al mismo tiempo, agregó que sus disculpas no implican que dejará de denunciar lo que considera extralimitaciones o abuso de poder contra él y su familia.
El origen de la controversia es un allanamiento del martes 12 de noviembre de 2025 a un inmueble vinculado a Benedetti, ordenado por la Corte Suprema y presidido por la magistrada Lombana. Tras la diligencia, el ministro denunció que el operativo fue un “abuso de poder”, lo que originó la serie de insultos.
La Corte Suprema emitió un comunicado rechazando las expresiones del ministro, señalando que “pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia” y convocó a mantener el respeto institucional.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Benedetti por las ofensas a la magistrada. Aunque el ministro ofreció excusas, expertos en derecho penal y disciplinario advierten que esto no lo exime de responsabilidad o sanción disciplinaria.
El hecho ocurre en medio de múltiples procesos activos contra el ministro Benedetti en la Corte Suprema, lo que añade tensión al caso. Su reconocimiento del error en el tono de sus declaraciones no elimina el trasfondo de la disputa judicial que enfrenta.
La disculpa del ministro ha generado reacciones mixtas. Legisladoras y defensores del respeto institucional y de género aplaudieron el gesto, pero insistieron en la necesidad de que no se repita este tipo de comportamientos por parte de un funcionario público de alto rango.
