El mercado de alojamiento turístico en Colombia enfrenta una semana decisiva ante la inminente entrada en vigor de un nuevo decreto gubernamental que podría alterar drásticamente las reglas de juego para plataformas digitales como Airbnb. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha publicado un borrador de normativa cuya fase de comentarios cierra el próximo 17 de diciembre, lo que dejaría el camino libre para su implementación a partir del día 18. Gremios tecnológicos advierten que las nuevas exigencias técnicas y administrativas son de tal magnitud que podrían forzar la salida o suspensión de operaciones de estas aplicaciones en el país.
El punto central de la controversia radica en la transformación del Registro Nacional de Turismo (RNT). Hasta la fecha, este registro funcionaba bajo un modelo declarativo, donde la buena fe del prestador primaba al momento de la inscripción. Sin embargo, el nuevo texto propone un sistema de «preverificación obligatoria». Esto implica que, antes de poder anunciar cualquier inmueble, las plataformas digitales tendrían la responsabilidad legal de verificar que la propiedad cumpla con los usos del suelo permitidos por cada municipio y que los reglamentos de propiedad horizontal autoricen explícitamente el alquiler turístico de corto plazo.
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) ha calificado estos requisitos como una «licencia de facto» y de «imposible cumplimiento técnico» en el corto plazo. El gremio argumenta que no existe actualmente la infraestructura digital necesaria para que las aplicaciones se conecten en tiempo real con las bases de datos de las alcaldías, oficinas de planeación y administraciones de edificios residenciales para validar dicha información. Según sus estimaciones, esta barrera operativa podría generar un «apagón digital» que afectaría a más de 70.000 familias que dependen de estos ingresos extras.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha defendido la medida argumentando la necesidad de formalizar el sector y equilibrar la cancha con la hotelería tradicional. Voceros del Ministerio han aclarado que el objetivo no es expulsar a las plataformas, sino garantizar la seguridad de los viajeros y el cumplimiento de las normas de convivencia. Gremios como Cotelco (hoteleros) y Anato (agencias de viaje) han respaldado el proyecto, señalando que la competencia debe darse en igualdad de condiciones fiscales y regulatorias para evitar la competencia desleal y la gentrificación descontrolada en zonas residenciales.
El impacto económico de una eventual parálisis de estas aplicaciones sería significativo. Cifras del sector indican que el alquiler de vivienda turística aporta más de 500 millones de dólares al PIB nacional y dinamiza cadenas de valor conexas como la gastronomía y el transporte. La incertidumbre actual mantiene en vilo a miles de anfitriones y usuarios que ya tienen reservas programadas para la temporada alta de fin de año, mientras se espera la decisión final del Ejecutivo tras el cierre de la etapa de consulta pública.
