El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra el Ministerio de Igualdad y Equidad y la entidad Fiduagraria, por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas sobre el manejo de más de 1,9 billones de pesos destinados a programas sociales del Gobierno nacional.
La acción judicial fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que cuestiona la falta de información pública relacionada con la planeación y ejecución de estos recursos, asignados al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.
Según el documento, este fondo fue creado en 2023 mediante el Plan Nacional de Desarrollo como uno de los principales instrumentos para financiar iniciativas sociales en el país, bajo un esquema fiduciario que exige altos estándares de transparencia. Sin embargo, los demandantes aseguran que, tras más de dos años de funcionamiento, no existe información suficiente que permita conocer cómo se han administrado los recursos.
La demanda señala que las entidades responsables no han publicado datos clave sobre contratos, proyectos financiados ni resultados de ejecución, lo que constituiría un incumplimiento de obligaciones legales en materia de rendición de cuentas.
Entre los puntos críticos expuestos, se advierte que ni el Ministerio de Igualdad ni Fiduagraria han divulgado informes completos de gestión ni detalles sobre los mecanismos de control ciudadano del fondo. Incluso, en los pocos casos en los que se han publicado contratos, la información sería incompleta o insuficiente para evaluar su ejecución.
El caso incluye ejemplos específicos de programas financiados con estos recursos. En iniciativas como “Jóvenes en Paz” y “Agua es Vida”, los demandantes afirman que no existen reportes públicos claros sobre avances, supervisión o resultados, pese a involucrar montos significativos de inversión estatal.
Este proceso judicial se suma a otros cuestionamientos recientes sobre la gestión del Ministerio de Igualdad, especialmente en lo relacionado con la ejecución de recursos y la implementación de programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.
Con la admisión de la demanda, el Tribunal deberá evaluar si efectivamente hubo incumplimientos en las obligaciones de transparencia y si procede ordenar medidas para garantizar el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos, en un caso que podría tener implicaciones relevantes para el control fiscal y la confianza institucional en la gestión del Gobierno.
