En un hecho sin precedentes en la historia judicial colombiana, la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, dictó en primera instancia una condena de 144 meses de prisión (12 años) contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras hallarlo responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La pena incluye una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 100 meses y 20 días (más de ocho años).
Aunque se trata de una sentencia en firme, la jueza concedió a Uribe la prisión domiciliaria, bajo la condición del pago de una caución equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes. Esta decisión, considerada por expertos y parte de medios legales como Juan Carlos Prías, responde a la duración de la condena esperada y al perfil del condenado (73 años, sin antecedentes penales, arraigo y buena conducta procesal).
La Fiscalía General de la Nación demostró que Uribe fue el “determinador” de una estrategia en la que su abogado, Diego Cadena, buscó exparamilitares dispuestos a declarar falsamente ante la justicia a cambio de beneficios económicos y jurídicos, con el objetivo de incriminar al senador Iván Cepeda, considerado su principal adversario político. La fiscal delegada Marlene Orjuela presentó más de 35 testimonios durante el juicio, evidenciando que la estrategia fue deliberada, con fines de manipulación y desacreditación judicial.
La decisión establece que Uribe fue absuelto del cargo de soborno simple, quedando condenado únicamente por soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo implica también una multa cercana a los 3.400 millones de pesos colombianos, aproximadamente 822.000 dólares.
La defensa del exmandatario ya dio pasos formales para apelar la sentencia. Jaime Granados anunció que radicarán el recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá el lunes 11 de agosto, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde que conocieron la sentencia plena el 1 de agosto. El Tribunal Superior tendrá hasta el 16 de octubre de 2025 para resolver la segunda instancia, momento en el cual el proceso prescribiría si no se toma una decisión antes de esa fecha.
Esta condena marca un hito: Uribe es el primer expresidente colombiano condenado penalmente en un juicio de esta envergadura, con fuertes implicaciones políticas y legales en un contexto electoral sensible. Políticos internacionales como el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio han cuestionado el fallo, argumentando supuesta instrumentalización del sistema judicial, mientras el presidente Gustavo Petro y analistas como Montealegre defienden la independencia judicial y el respeto al debido proceso.
