La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha ofrecido recompensas de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de tres altos funcionarios del régimen venezolano: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
Entre ellos, Maduro y Cabello ostentan el monto máximo de recompensa, mientras que Padrino López fue incluido con una oferta de hasta 15 millones de dólares, en el marco del programa Narcotics Rewards del Departamento de Estado.
La iniciativa se vincula a la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global, realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense bajo la Orden Ejecutiva 13224, tras pruebas de apoyo material a grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro sostiene que la red liderada por Maduro y otros altos mandos ha corrompido instituciones venezolanas — Ejército, inteligencia, legislativo y judicial — facilitando el narcotráfico hacia EE. UU. Según la DEA, el Cartel de los Soles actúa como puente para el envío de drogas, recursos y apoyo logístico a cárteles extranjeros.
La designación tiene un impacto legal inmediato: congelación de bienes, prohibición de transacciones con entidades o individuos vinculados y riesgo de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que colaboren con ellos.
El gobierno de EE. UU. considera que el objetivo es frenar la desestabilización regional impulsada por el régimen venezolano. Según fuentes oficiales, la medida busca contener la exportación de drogas y la influencia del chavismo-narcoterrorista en América Latina.
Analistas de seguridad internacional resaltan que esta acción supone un escalamiento significativo en la presión diplomática sobre Maduro y su círculo. La recompensa conjunta supera los estándares habituales para jefes de Estado acusados de narcoterrorismo.
Expertos aducen que este tipo de estrategias puede debilitar redes de lavado, tráfico y financiamiento ilícito, mientras fortalecen la cooperación con agencias internacionales como la Interpol o fiscales anticorrupción en América Latina.
El anuncio coincide con un creciente operativo del FBI y otras agencias estadounidenses para desmantelar estructuras vinculadas al narcotráfico en Latinoamérica, incluida la financiación de redes criminales desde el mismo aparato estatal venezolano.
El contexto político refuerza la determinación de Washington: no reconoce la reelección de Maduro como legítima y mantiene restricciones de visa a funcionarios leales al régimen. Esta ofensiva marca una línea clara entre posicionamientos diplomáticos y medidas judiciales concretas.
