El paro nacional del sector arrocero cumple más de seis días con bloqueos en varias regiones estratégicas, incluyendo Tolima, Huila, Meta, Cesar y Córdoba, mientras los productores mantienen su postura firme ante el Gobierno, exigente de un precio mínimo que cubra sus costos de producción.
Los agricultores reportan cierres intermitentes en vías clave como la Espinal–Neiva y la vía al Llano, donde mantienen bloqueos con apertura parcial para permitir el paso de vehículos, sin ceder en sus demandas principales. El costo económico se estima en pérdidas acumuladas superiores a 25 000 millones de pesos, afectando la cadena de suministro y el transporte.
Las negociaciones con el Gobierno avanzan lentamente. Se consensuó un borrador de resolución para establecer precios mínimos regionales del arroz paddy verde, y se anunciaron mecanismos de libertad regulada de precios, aunque los líderes del paro aseguran que aún no hay garantías concretas. El Ministerio de Agricultura confirmó que las ministras ya participan en la mesa de diálogo, lo que facilitó la apertura parcial de las vías bloqueadas.
Pese a estos avances, el gremio “Dignidad Arrocera” advirtió que no levantará los bloqueos sin una resolución oficial que garantice el precio mínimo entre 205 000 y 220 000 pesos por bulto, además de subsidios y financiamientos acordados por el Gobierno en marzo. El temor persiste ante el riesgo de que la resolución no se implemente plenamente o se posterge su entrada en vigor.
El impacto económico es creciente. Transportadores calculan una pérdida diaria en fletes de 2 500 millones de pesos, mientras que el sector productivo se ve directamente afectado en su liquidez y futuro. Se estima que más de medio millón de personas dependen del cultivo, por lo que la paralización amenaza con agravar la pobreza rural.
Aunque el Gobierno habla de “avances significativos” y se prepara para presentar los acuerdos en la Superintendencia de Industria y Comercio, aún no hay autorización para levantar el paro. El éxito de la negociación dependerá de que el documento final incluya mecanismos claros de implementación, monitoreo y sanciones en caso de incumplimiento.
En conclusión, el paro arrocero entra en una fase crítica: mientras el sector productivo exige soluciones urgentes y garantías legales, el Gobierno busca cerrar los espacios de diálogo y desactivar los bloqueos sin alcanzarse aún una solución definitiva. La presión comunitaria y económica persiste, y el país observa con atención la evolución de este capítulo de la crisis agropecuaria.
