El Concejo de Medellín presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, lideresa del Pacto Histórico, por su participación en el evento conocido como “tarimazo”, ocurrido el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra. En ese acto, nueve cabecillas de bandas criminales encarcelados fueron temporalmente sacados de la cárcel de Itagüí para subirse a la tarima junto al presidente Gustavo Petro, generando una fuerte controversia por presunto abuso de la función pública y uso indebido de autoridad.
El reclamo de mérito fue interpuesto argumentando que la senadora habría ordenado la salida de prisión de estos criminales para legitimar una instancia pública, lo cual, según el Concejo, representa una flagrante violación a la ley. En el documento, se especifica que existen “indicios suficientes para que la Procuraduría adelante una investigación formal y determine la existencia o no de faltas disciplinarias, atendiendo a la gravedad de los hechos”.
Asimismo, se conoció que Isabel Zuleta ofició ante el INPEC mediante un documento el 19 de junio, solicitando la salida temporal de nueve internos —alias Juan XXIII, Carlos Pesebre, Vallejo, Douglas, entre otros— para que asistieran al acto de paz urbana. La filtración de este oficio profundiza el riesgo y fortalece las motivaciones detrás de la queja, al revelar presuntas irregularidades administrativas.
La senadora se ha defendido señalando que las salidas fueron legales y justificadas dentro del proceso de paz urbana, y ha instado a presentar pruebas concretas que conecten su gestión con una interferencia indebida en decisiones judiciales. Sin embargo, voces críticas, como la del concejal Andrés Tobón, afirman que la ley fue vulnerada y que nadie está por encima de las normas.
La Procuraduría tendrá ahora la responsabilidad de determinar si la queja puede dar lugar a una investigación disciplinaria, lo que implicaría evaluar el alcance de la senadora en la liberación temporal de los reclusos y su posible abuso de poder. El resultado de este proceso podría desencadenar sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión del cargo, en caso de encontrarse pruebas determinantes.
