El presidente Gustavo Petro revirtió su postura y anunció que finalmente firmará el decreto para convocar la consulta popular sobre reforma laboral y de salud, tras una polémica generada por un mensaje del exsenador Roy Barreras. “No puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”, afirmó Petro en respuesta a las críticas por haber considerado suspender la convocatoria.
Roy Barreras había publicado en su cuenta de X que Petro había decidido suspender la firma del decreto. Su señalamiento desató un debate político en redes y desencadenó presiones dentro del gabinete, poniendo en evidencia las tensiones internas del Pacto Histórico. En este marco, Petro se retractó: “Hemos decidido proceder con el decreto”, recalcó, enfatizando que su prioridad es la transparencia hacia la ciudadanía.
El anuncio se da en un entorno tenso: el Senado había rechazado la propuesta el 14 de mayo, calificándola como “fraudulenta” y contraria a los procedimientos constitucionales. Luego de ese rechazo, el mandatario insistió en que apelaría a una convocatoria por decreto, respaldado por un fallo judicial sobre vicios en la votación.
A tal fin, designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia —quien defiende la legalidad del decreto argumentando los supuestos vicios legislativos— y exigió a su gabinete firmar la convocatoria, bajo advertencia de destitución en caso de negativa.
El plan de Petro ya había sido confirmado en su alocución del 4 de junio, cuando adelantó que no revertiría la convocatoria pese a las críticas, apelando a su derecho de impulsar la voluntad popular sobre reformas estructurales . La medida es vista por opositores como un intento de legitimar su agenda a través del electorado, más que mediante el Congreso.
Tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el ambiente político se tensó aún más. Diversos líderes y analistas alertaron sobre el riesgo de que una retórica más agresiva, vinculada a la consulta, fomente la confrontación y desestabilice el diálogo nacional.
Ahora Petro prepara la firma inmediata del decreto y confía en que la Corte Constitucional validará su legalidad, apelando a una tutela interpuesta por el Consejo de Estado. De su éxito depende la legitimidad de su propuesta y el rumbo de su mandato en plena campaña hacia 2026.
