En una declaración conjunta, 28 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), expresaron su rechazo a la intención del presidente colombiano Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, luego de que el Senado de la República negara dicha iniciativa.
La misiva, titulada «Declaración sobre el desconocimiento de la democracia y del Estado Constitucional y de Derecho por el presidente de Colombia», critica las recientes declaraciones de Petro, quien afirmó: «Cuando las instituciones van en contra del pueblo… las instituciones se van». Según los firmantes, esta postura representa un intento de desplazar la autoridad legislativa y un desconocimiento del orden constitucional.
Entre los firmantes se encuentran los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Andrés Pastrana, así como exmandatarios de España, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Paraguay. La carta enfatiza que, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, «es inadmisible pretender realizar un régimen de libertad personal y de justicia social por cualquier Estado fuera del ‘cuadro de las instituciones democráticas'».
El presidente Petro anunció el 3 de junio su intención de convocar una consulta popular mediante decreto, argumentando que la negativa del Senado estuvo viciada por irregularidades. Esta postura ha sido respaldada por el exfiscal general Eduardo Montealegre, quien sostiene que la votación en el Congreso presentó vicios de procedimiento que la invalidan.
No obstante, el Consejo de Estado emitió un auto en el que reconoce que la decisión del Senado constituye un acto definitivo, lo que desestima la posibilidad de que el Ejecutivo convoque la consulta mediante decreto.
La declaración de los expresidentes advierte que recurrir a mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular sin respetar los cauces establecidos por la Constitución representa un riesgo para el equilibrio institucional. Además, enfatizan que un sistema democrático no puede reducirse únicamente a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, sino que debe estar basado en límites jurídicos, controles institucionales y respeto al Estado de Derecho.
