En medio de una creciente tensión institucional en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno acatará cualquier decisión que emitan las altas cortes respecto a la controvertida convocatoria de una consulta popular por decreto. La declaración se produjo durante su intervención en la convención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), celebrada en Cartagena.
«Juro que el Gobierno acatará las decisiones de las cortes», expresó Benedetti ante un auditorio compuesto por líderes del sector financiero y político del país. Sin embargo, estas palabras contrastan con las acciones recientes del Ejecutivo, que ha avanzado en la emisión de un decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de que el Senado rechazó previamente esta iniciativa.
El presidente Gustavo Petro anunció el 3 de junio su intención de convocar una consulta popular mediante decreto, argumentando que la negativa del Senado estuvo viciada por irregularidades y que, por lo tanto, carece de validez. Esta postura ha sido respaldada por el exfiscal general Eduardo Montealegre, quien sostiene que la votación en el Congreso presentó vicios de procedimiento que la invalidan.
No obstante, el Consejo de Estado emitió un auto el 3 de junio en el que reconoce que la decisión del Senado constituye un acto definitivo, lo que desestima la posibilidad de que el Ejecutivo convoque la consulta mediante decreto. El alto tribunal explicó que el Legislativo adoptó una postura clara respecto a la iniciativa presidencial, lo que contradice uno de los principales argumentos esgrimidos por el mandatario colombiano.
Las declaraciones de Benedetti han generado diversas reacciones en el ámbito político. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó como «imposible» la idea de una consulta por decreto y recordó que debe ser aprobada por la plenaria de la corporación.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, ha expresado que la motivación del Gobierno no es una ley laboral justa, sino una consulta popular para hacer campaña.
A pesar de las críticas, el Gobierno insiste en que la consulta popular es un mecanismo legítimo para avanzar en la reforma laboral. El ministro Benedetti señaló que el Ejecutivo está dispuesto a acatar las decisiones de las cortes y que, incluso, podrían anticiparse a ellas. Además, mencionó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicará un pronunciamiento a favor de esta reforma laboral, como lo hizo para el tema de la reforma pensional.
La Corte Constitucional será la encargada de decidir sobre la constitucionalidad del decreto que convoca la consulta popular. Este tribunal, parcialmente renovado recientemente, enfrenta el desafío de dirimir una controversia que pone a prueba la separación de poderes en Colombia.
