La Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su presunta responsabilidad en los bloqueos al sistema de transporte público TransMilenio durante las jornadas de paro nacional del 28 y 29 de mayo de 2025.
La denuncia, radicada por Camilo Ernesto Forero, subgerente jurídico de TransMilenio, acusa a Arias de incurrir en los delitos de instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público. Según la empresa, más de 2.5 millones de usuarios se vieron afectados por las interrupciones del servicio, impidiéndoles acceder a sus lugares de trabajo, citas médicas y establecimientos educativos.
El alcalde Galán argumentó que las acciones de bloqueo sobrepasaron el derecho legítimo a la protesta y violaron el artículo 353 del Código Penal colombiano, que penaliza el uso de medios ilícitos para obstaculizar la circulación. Galán declaró: «Convocaron bloqueos para joder a la gente. Eso no es proporcional y no está protegido por el derecho a la protesta».
En respuesta, Fabio Arias defendió los bloqueos como una forma legítima de protesta reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Arias afirmó que los bloqueos fueron temporales, no pusieron en riesgo vidas humanas y se permitió el paso de ambulancias. «Los bloqueos son una modalidad de la protesta social», sostuvo Arias.
Arias también expresó que la denuncia penal representa una criminalización de la protesta social y criticó al alcalde por priorizar acciones legales contra líderes sindicales en lugar de enfocarse en problemas de inseguridad en la ciudad.
La denuncia ha generado divisiones políticas. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la decisión del alcalde Galán, calificándola de persecución al movimiento sindical. Por otro lado, sectores de la derecha capitalina respaldaron la acción legal, argumentando que los bloqueos afectaron a millones de ciudadanos y deben tener consecuencias legales.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites del derecho a la protesta en Colombia. Mientras que la CIDH reconoce que las manifestaciones pueden generar cierto nivel de perturbación en la vida cotidiana, también establece que el derecho a la protesta no es absoluto y puede estar sujeto a restricciones razonables por parte del Estado.
La Fiscalía General de la Nación será la encargada de determinar si las acciones de Arias constituyen delitos y si se deben imponer sanciones penales.
