La Alcaldía de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, ha interpuesto una acción popular contra el Gobierno Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La demanda busca que se ordene al Ejecutivo garantizar el pago de las deudas acumuladas con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en la ciudad, con el fin de asegurar la atención médica a la población.
Según Gutiérrez, la intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud ha generado una «asfixia financiera» en las IPS, al no garantizarse los recursos necesarios para su funcionamiento. El alcalde afirmó que algunos hospitales están recibiendo apenas el 6% de los pagos mensuales correspondientes, lo que ha llevado a una sobreocupación del 130% en las salas de urgencias de la ciudad.
«Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables», declaró Gutiérrez en rueda de prensa.
La Alcaldía de Medellín ha declarado la emergencia hospitalaria debido a la crítica situación financiera de la red pública de salud. Las deudas acumuladas por parte de las EPS intervenidas, como Savia Salud, Coosalud, Sanitas y Nueva EPS, superan los $170.000 millones en la ciudad. El Hospital General de Medellín reporta una deuda superior a los $128.000 millones, mientras que Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín enfrentan deudas de $32.000 millones y $9.200 millones, respectivamente.
«Estamos sosteniendo a pulso nuestra red hospitalaria. Por eso es tan importante en este momento, de acuerdo a las conclusiones a las que hemos llegado con todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, tomar la decisión de demandar al Gobierno», expresó el alcalde.
La acción popular presentada solicita al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia Nacional de Salud, que se realicen las gestiones necesarias para efectuar el pago inmediato de la cartera vencida a las IPS. Además, se pide la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), tal como lo ordena el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional.
«Demandamos porque lo que está en juego no es un modelo. Es la vida», concluyó Gutiérrez.
