El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una propuesta legislativa que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes no ciudadanos desde territorio estadounidense. Esta medida, parte del paquete fiscal denominado «Big Beautiful Bill», podría entrar en vigor en 2026 si es aprobada por el Congreso antes del 26 de mayo.
El proyecto de ley contempla un gravamen adicional del 5% sobre las remesas enviadas por personas sin ciudadanía estadounidense. Este impuesto se sumaría a las comisiones ya existentes, que oscilan entre el 5% y el 10%, cobradas por servicios como Western Union y MoneyGram. La medida afectaría tanto a inmigrantes indocumentados como a residentes legales que no posean la ciudadanía estadounidense.
Colombia es uno de los países que podría verse más afectado por esta propuesta. Según datos de Corficolombiana, en 2024, Colombia recibió aproximadamente 11.800 millones de dólares en remesas, lo que representó un crecimiento anual del 17,2%. Este flujo de dinero alcanzó un valor equivalente al 3,1% del PIB colombiano, superando incluso los ingresos generados por las exportaciones de petróleo. La implementación de este impuesto podría reducir significativamente el ingreso disponible de millones de familias colombianas que dependen de estas transferencias para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación.
La propuesta ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Un grupo de 24 congresistas hispanos demócratas en EE.UU. ha enviado una carta al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, solicitando detener la iniciativa por considerarla injusta y perjudicial para millones de inmigrantes, incluidos indocumentados, residentes permanentes y trabajadores con visados temporales. Argumentan que las remesas representan una fuente vital de ayuda humanitaria y económica, especialmente para países como Haití, Honduras y El Salvador, donde constituyen hasta el 30% del PIB.
En América Latina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la propuesta como «inaceptable» e «inconstitucional», argumentando que representa una doble tributación para los migrantes que ya pagan impuestos en EE.UU. El gobierno mexicano ha iniciado una ofensiva diplomática para expresar su rechazo a la medida.
Expertos advierten que la implementación de este impuesto podría incentivar el uso de canales informales y menos seguros para el envío de dinero, lo que complicaría el seguimiento y control de estas transacciones. Además, podría agravar la vulnerabilidad económica de los hogares que dependen de estos ingresos, especialmente en países donde las remesas representan una parte significativa del PIB.
La propuesta aún debe superar más debates en el Congreso estadounidense. Mientras tanto, millones de migrantes y sus familias en América Latina observan con preocupación el desarrollo de esta iniciativa que podría afectar directamente su bienestar económico.
