El Consejo de Estado ha programado para el próximo 14 de mayo, a las 10:00 a.m., una audiencia virtual en la que se evaluará la solicitud de pérdida de investidura contra 28 congresistas. La audiencia será presidida por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y se centrará en presuntas violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de los legisladores.
Durante el proceso inicial, varios de los congresistas involucrados presentaron excepciones previas, argumentando la falta de configuración de los elementos objetivos de la causal y la ausencia de pruebas suficientes. Sin embargo, el demandante se opuso a estas excepciones el pasado 27 de marzo, reiterando sus argumentos y absteniéndose de solicitar nuevas pruebas. El despacho del magistrado Álvarez Parra ha señalado que los aspectos de fondo planteados serán analizados en la sentencia y no en esta fase procesal.
Entre los congresistas contra quienes se admitió la solicitud de pérdida de investidura se encuentran figuras como María José Pizarro, Clara López Obregón, Isabel Cristina Zuleta y Alirio Uribe Muñoz, todos ellos pertenecientes al Pacto Histórico, la coalición política del presidente Gustavo Petro. Además, la lista incluye a otros parlamentarios de diversos sectores políticos, como Gloria Inés Flórez Schneider (Colombia Humana), Gabriel Becerra Yañez (Unión Patriótica) y María Fernanda Carrascal Rojas (Colombia Humana), entre otros.
La pérdida de investidura, conocida como la “muerte política”, implica la destitución inmediata del cargo y la imposibilidad de volver a aspirar a cuerpos colegiados de elección popular. Este mecanismo está contemplado en la Constitución colombiana y se aplica cuando los congresistas incurren en causales específicas, como la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El Consejo de Estado enfatizó que esta audiencia no será definitiva, ya que en esta etapa no se tomará una decisión sobre la pérdida de investidura. No obstante, el proceso avanza con la expectativa de que los argumentos presentados por ambas partes sean evaluados en profundidad en las próximas fases. Los congresistas implicados tendrán un plazo de cinco días hábiles, tras ser notificados, para responder por escrito a la solicitud presentada en su contra y aportar las pruebas que consideren necesarias para sustentar su defensa.
