El Gobierno colombiano rechazó la amenaza de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco de prohibir el ingreso de misiones humanitarias a territorios bajo su influencia, en un nuevo pulso con ese grupo armado por el control territorial y la presencia de organismos de verificación en zonas de conflicto. La advertencia fue respondida oficialmente el 19 de marzo de 2026 por el viceministro del Interior, Javier Rondón, quien aseguró que “no hay un milímetro del territorio colombiano que pueda ser vedado”.
Según Noticias Caracol, el pronunciamiento del Ejecutivo se produjo después de que el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias divulgara un comunicado en el que acusó a misiones humanitarias y de verificación de haber sido utilizadas para obtener información sobre sus posiciones. Con base en ese señalamiento, el grupo ilegal anunció que restringirá el acceso de delegaciones de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo, y que únicamente permitirá el paso del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Frente a esa decisión, Rondón afirmó que el Gobierno tomará las medidas necesarias para evitar la suspensión de las operaciones humanitarias y reiteró que las instituciones señaladas actúan bajo principios de neutralidad e imparcialidad. El funcionario también indicó que las autoridades analizan los territorios donde opera esa estructura armada, en medio de crecientes tensiones por la seguridad de las comunidades y de los equipos que desarrollan labores de acompañamiento, monitoreo y atención a población vulnerable.
La advertencia del EMC representa un hecho de alta sensibilidad porque compromete el trabajo de organismos que cumplen funciones clave en contextos de confrontación armada, desplazamiento forzado y riesgo para civiles. La eventual restricción de acceso puede dificultar la verificación de denuncias, la protección de comunidades y la atención de emergencias humanitarias en regiones donde la presencia estatal suele ser limitada y la actividad de grupos ilegales mantiene altos niveles de presión sobre la población.
El comunicado atribuido a las disidencias sostiene que algunas acciones humanitarias y de verificación habrían vulnerado la confianza construida con esas estructuras, una acusación que el Gobierno respondió defendiendo la legitimidad de las misiones y su carácter no armado. La posición oficial busca evitar que el anuncio derive en un precedente de exclusión territorial impuesto por actores ilegales, en un momento en que las disputas armadas continúan afectando distintas zonas del país.
La controversia se produce además en un escenario de persistente confrontación con el grupo de Iván Mordisco, considerado por las autoridades como una de las principales amenazas de orden público en Colombia. En ese contexto, el pronunciamiento del Gobierno busca reafirmar que ninguna organización armada puede fijar unilateralmente condiciones para el ingreso de entidades humanitarias o de verificación a regiones donde se reportan afectaciones a los derechos de la población civil.
Por ahora, no se ha informado sobre una suspensión efectiva de operaciones por parte de los organismos mencionados, pero la amenaza de restricción eleva la preocupación sobre la seguridad del personal humanitario y sobre la capacidad institucional para mantener presencia en áreas de alta conflictividad. El episodio vuelve a poner en evidencia la fragilidad del acceso humanitario en varios territorios y el desafío del Estado para garantizar protección, acompañamiento y monitoreo en medio de la violencia armada.
