La divulgación de la historia clínica del menor Kevin Arley Acosta Pico, de siete años y fallecido tras complicaciones de hemofilia, se ha convertido en un foco de polémica legal y ética en Colombia luego de que el Gobierno Nacional y la Nueva EPS hicieran públicos detalles médicos del caso en un intento por justificar las declaraciones oficiales sobre su muerte.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvieron en eventos públicos que la muerte se debió a “un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal”, y no exclusivamente a la falta de medicamentos necesarios para controlar la hemorragia ocasionada por la condición de hemofilia. Para respaldar su argumento, ambos funcionarios citaron información incluida en parte de la historia clínica de Kevin.
La publicación de datos considerados confidenciales ha sido ampliamente criticada por exfuncionarios, abogados y sectores de la sociedad civil, que señalan que las historias médicas son documentos de carácter reservado y que su divulgación sin autorización constituye una vulneración de derechos fundamentales. El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa afirmó en redes sociales que revelar la historia médica de un menor es un delito, citando el artículo 269F del Código Penal colombiano, el cual contempla penas de prisión de 48 a 96 meses y multas para quienes divulguen datos personales sin facultad legal.
La crítica se ha visto reforzada por el pronunciamiento de familiares del menor, quienes calificaron como “lamentable e inhumano” que se haya difundido la historia clínica, insistiendo en que no existe evidencia de que la madre, Katherine Pico, haya otorgado autorización escrita para tal divulgación. El familiar afirmó que casos de filtración de historias clínicas generan preocupación por la vulneración de la privacidad de los pacientes.
Grupos médicos y organizaciones defensoras de derechos de pacientes también han rechazado las imputaciones sobre la madre de Kevin y han señalado que la interrupción del suministro del medicamento Emicizumab, fundamental para el manejo de la hemofilia, fue un factor determinante en la agravación de su condición clínica antes del accidente que sufrió. Académicos y especialistas explicaron que la hemofilia puede controlarse con tratamientos adecuados que permiten una vida normal, por lo que la falta de acceso oportuno a la medicación ha centrado la discusión sobre la responsabilidad de entidades del sistema de salud.
El caso ha ampliado el debate sobre la protección de datos sensibles en Colombia, en particular de información médica, que está amparada por normas de confidencialidad y derechos de habeas data consagradas en la Constitución y en leyes específicas para proteger la intimidad de los pacientes. Según expertos en derecho, la divulgación de información clínica sin consentimiento expreso puede acarrear consecuencias penales y administrativas para quienes autoricen o compartan ese tipo de información.
