La Contraloría General de la República reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro suscribió en enero de 2026 un total de 164.813 contratos bajo la modalidad de contratación directa por un valor de 14,86 billones de pesos, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. El informe advierte un incremento significativo frente al mismo periodo de 2022, tanto en número de contratos como en valor comprometido.
De acuerdo con el reporte oficial, en enero de 2026 se firmaron en total 521.269 contratos de contratación directa por 32,88 billones de pesos, sumando orden nacional y territorial. Solo el nivel nacional concentró 164.813 contratos por 14,86 billones, lo que representa un aumento del 52,6% en cantidad de contratos y del 68,2% en valor contratado frente a enero de 2022, cuando se registraron 107.971 contratos por 8,84 billones de pesos.
El análisis del ente de control señala que el 45% de los recursos contratados se concentró en la última semana de enero. En esos días se adjudicaron 14,8 billones de pesos, y el 30 de enero se reportó el mayor pico de contratación, con 5,7 billones de pesos comprometidos en un solo día.
En la distribución por orden de gobierno, el sector territorial registró 348.495 contratos por 17,7 billones de pesos, mientras que el orden nacional firmó 164.813 contratos por 14,87 billones y las corporaciones autónomas regionales reportaron 7.961 contratos por 0,3 billones. El informe también precisa que, dentro del orden nacional, las entidades con mayor valor contratado fueron el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con 1,72 billones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con 1,26 billones; y la Aeronáutica Civil, con 0,76 billones.
El consolidado nacional y territorial evidencia que la modalidad de contratación directa predominó en el periodo previo a las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005, que limita este tipo de procesos en contexto electoral. Según la Contraloría, el comportamiento contractual genera un impacto fiscal relevante y exige mayor vigilancia sobre el uso de los recursos públicos en un escenario de alta sensibilidad fiscal y política.
El organismo de control indicó que continuará con el monitoreo preventivo y permanente de la contratación estatal, a través del seguimiento al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), con el fin de emitir alertas tempranas y fortalecer la transparencia en la ejecución del presupuesto nacional y territorial.
