El exalcalde de Medellín y candidato presidencial Daniel Quintero Calle publicó este jueves una retractación pública de varias acusaciones que había dirigido contra el concejal Sebastián López Valencia, tras ser obligado por una orden judicial a corregir sus afirmaciones, según reportes periodísticos nacionales.
La rectificación se produjo luego de una sentencia de tutela emitida por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín que determinó que Quintero no presentó evidencias válidas para respaldar las acusaciones que había formulado sobre el concejal y su supuesta influencia sobre la Procuraduría de Antioquia.
En su mensaje divulgando la retractación, Quintero reconoció que no contaba con “motivos fundados ni pruebas” para sostener que López tenía “controlada la Procuraduría de Antioquia” o que utilizaría esa entidad para perseguirlo políticamente. Dijo además que sus expresiones eran opiniones personales y no hechos verificados.
Los señalamientos de Quintero, difundidos en redes sociales a finales de noviembre de 2025, desencadenaron la acción legal presentada por López, quien aseguró que las declaraciones afectaron sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. Un juzgado ya había impuesto un plazo para que Quintero rectificara esas afirmaciones en los mismos canales donde fueron publicadas originalmente.
El concejal López, representante del partido Centro Democrático y presidente del Concejo de Medellín, había advertido que, de no cumplirse la orden judicial de retractación en el plazo establecido, promovería un nuevo incidente de desacato, lo cual puede conllevar sanciones adicionales, incluso un posible arresto civil.
El conflicto entre Quintero y López ha generado atención política en la región de Antioquia, ya que se da en un contexto de pugnas mediáticas y judiciales entre figuras de la política local. La tutela en favor de López se basó en que las afirmaciones de Quintero carecieron de respaldo probatorio.
La retractación de Quintero subraya la importancia de la libertad de expresión responsable en el ámbito público y político, así como las obligaciones legales de los actores políticos al hacer pronunciamientos que pueden afectar la reputación de otros funcionarios, especialmente cuando no están sustentados en hechos verificables.
