En una jornada judicial decisiva para el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en Medellín, la Fiscalía General de la Nación ha endurecido su postura frente a los investigados de la anterior administración distrital. Durante las audiencias reanudadas hoy, el ente acusador solicitó formalmente que los 55 imputados vinculados a la alcaldía de Daniel Quintero sean procesados bajo la figura de Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Esta petición marca un precedente en la historia judicial de la ciudad, al sugerir la existencia de una estructura criminal coordinada desde el sector público para la apropiación indebida de recursos.
La atención de la jornada se centró en la audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La Fiscalía expuso material probatorio que vincularía al exfuncionario con irregularidades en la contratación pública, específicamente en convenios firmados con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Según el fiscal del caso, existen evidencias de que Palacio habría ordenado formatear computadores institucionales con el presunto fin de eliminar rastros de las operaciones ilícitas, una maniobra que agrava su situación jurídica y sustenta la petición de medida de aseguramiento en centro carcelario.
Paralelamente, se confirmó un avance significativo en la cooperación judicial con la aprobación de un principio de oportunidad en favor de Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques. Este acuerdo judicial implica que Liévano, quien enfrenta cargos por contratos irregulares destinados al mantenimiento de zonas verdes y el Parque de las Aguas, se convertirá en testigo clave. Su testimonio promete entregar detalles inéditos sobre cómo operaba la presunta red de corrupción desde las entidades descentralizadas y quiénes eran los máximos determinadores de las órdenes para desviar fondos públicos.
Las investigaciones apuntan a un detrimento patrimonial multimillonario. En el caso específico del Área Metropolitana, se indaga sobre el destino de aproximadamente 2.400 millones de pesos que, según la teoría del caso, habrían sido desviados para financiar campañas políticas aliadas a la administración saliente. La Fiscalía argumenta que la contratación directa y los convenios interadministrativos fueron utilizados sistemáticamente como herramientas para evadir los controles de la Ley 80, permitiendo sobrecostos y pagos por actividades no ejecutadas.
La solicitud de declarar a los implicados como una banda criminal organizada eleva la gravedad de las imputaciones, pues de ser aceptada por el juez de control de garantías, los procesados enfrentarían penas más severas y menores beneficios jurídicos. La defensa de los exfuncionarios ha calificado las acciones como una persecución política, mientras que la actual administración, encabezada por Federico Gutiérrez, se ha constituido como víctima en el proceso, reiterando que la ciudad fue objeto de un saqueo sistemático. Las audiencias continuarán en los próximos días para definir la libertad de los implicados.
