Por: Juan José Gómez
Colombia atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Desde el inicio del actual gobierno, hemos sido testigos de un desfile de escándalos que han erosionado la confianza ciudadana y debilitado las instituciones. La corrupción, el abuso de poder y la manipulación política han dejado cicatrices profundas en la conciencia nacional.
Lo más grave, sin embargo, no es solo el cúmulo de irregularidades cometidas por altos funcionarios, sino la manera en que el propio presidente ha decidido enfrentar la crisis económica: con amenazas y chantajes. Ante la inminente decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la emergencia económica, el mandatario ha advertido que, si su decreto cae, se recortarán recursos vitales para educación, salud y seguridad. En otras palabras, ha convertido la economía nacional en rehén de sus caprichos políticos.
Este proceder no solo es indigno, sino peligroso. Un gobernante que utiliza el miedo como herramienta de negociación traiciona la esencia misma de la democracia. La Constitución no puede ser doblegada por la presión de un discurso intimidatorio, ni la ciudadanía puede aceptar que sus derechos fundamentales sean moneda de cambio en un pulso político.
La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿seguiremos tolerando que el poder se ejerza como amenaza, que el futuro de nuestros hijos se utilice como ficha de chantaje? La respuesta no puede ser la resignación. La respuesta debe ser la firmeza cívica, la defensa de la institucionalidad y la exigencia de transparencia.
Colombia no merece ser gobernada desde el miedo. Merece líderes que inspiren confianza, que administren con responsabilidad y que respeten la dignidad de su pueblo. Hoy, más que nunca, corresponde a la sociedad despertar de la apatía y recordar que la democracia se sostiene en la vigilancia activa de sus ciudadanos.
El chantaje presidencial debe ser rechazado con la misma contundencia con que se rechaza cualquier atropello a la libertad. Porque defender la Constitución y la dignidad nacional no es un acto de oposición: es un deber patriótico.
