El gobierno de Ecuador ha anunciado este miércoles una drástica medida comercial que tensa las relaciones diplomáticas y económicas con Colombia. A partir del próximo 1 de febrero, todas las importaciones procedentes de territorio colombiano estarán gravadas con un arancel del 30 %. La decisión, comunicada por el ejecutivo ecuatoriano, se fundamenta en lo que califican como una reiterada «falta de cooperación» por parte de la administración del presidente Gustavo Petro en la lucha conjunta contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza.
La medida restrictiva surge en un contexto de creciente deterioro en la seguridad interna de Ecuador, país que ha señalado en múltiples ocasiones que la falta de control en la frontera norte facilita el flujo de estupefacientes y el accionar de grupos criminales transnacionales. Las autoridades de Quito argumentan que los esfuerzos bilaterales acordados previamente no han tenido eco ni resultados tangibles desde el lado colombiano, obligándolos a tomar acciones que presionen por una respuesta más contundente frente a la criminalidad organizada.
Este gravamen del 30 % representa un golpe severo para la balanza comercial de Colombia, dado que Ecuador es uno de sus principales socios comerciales en la región. Sectores como el automotriz, farmacéutico, cosmético y de alimentos procesados se verán directamente afectados, perdiendo competitividad frente a productos de otros orígenes o locales. Gremios exportadores han expresado su preocupación inmediata, advirtiendo que la barrera arancelaria podría derivar en pérdidas millonarias y en una posible ruptura de los acuerdos de libre comercio vigentes en el marco de la Comunidad Andina (CAN).
Analistas internacionales interpretan esta decisión no solo como una salvaguardia económica, sino como un mensaje político directo hacia la Casa de Nariño. La acusación de negligencia en temas de seguridad pone de manifiesto las diferencias ideológicas y operativas entre ambos gobiernos respecto al manejo del orden público y la política de drogas. Mientras Colombia ha abogado por nuevos enfoques en la política antidrogas global, Ecuador mantiene una línea dura de combate frontal que requiere, según su visión, una corresponsabilidad estricta de sus vecinos.
Se espera que en las próximas horas la Cancillería de Colombia emita un pronunciamiento oficial respecto a esta determinación unilateral. Expertos en derecho internacional sugieren que Colombia podría acudir a instancias supranacionales para demandar la medida, alegando incumplimiento de tratados comerciales, mientras se intenta abrir un canal de diálogo diplomático de urgencia para evitar que la medida entre en vigor el primer día de febrero.
