En un giro judicial calificado como «insólito» por diversos sectores de la opinión pública, la Fiscalía General de la Nación retiró este martes la solicitud de audiencia de imputación de cargos que había radicado horas antes contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El funcionario iba a ser vinculado formalmente a un proceso penal por el delito de prevaricato por omisión, en el marco de la investigación por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La decisión de echar para atrás la diligencia, que ya había sido programada para el próximo 11 de febrero, se fundamentó en un presunto error de competencia al interior del ente acusador. Según explicó la institución a través de un comunicado, la solicitud fue presentada por la Fiscal 295 de la Dirección Seccional de Bogotá, adscrita a la Unidad de Administración Pública. Sin embargo, desde junio de 2025 existe un «Grupo de Tareas Especiales» conformado específicamente para investigar el crimen del líder político, lo que dejaba a la funcionaria sin la facultad para realizar dicha actuación de manera autónoma.
El «reversazo» ha generado una tormenta política y fuertes cuestionamientos sobre la independencia del organismo investigador. La Fiscalía aclaró que el retiro de la solicitud no implica el cierre del caso ni la exoneración de Rodríguez, sino una reorganización procesal. El expediente pasará ahora a una mesa técnica que evaluará el material probatorio recopilado para determinar si el Grupo de Tareas Especiales procede nuevamente con la vinculación del alto funcionario, quien ha sido señalado por la defensa de las víctimas de ignorar más de 20 alertas de seguridad previas al atentado.
Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, recibió la noticia con escepticismo pero aseguró que continuarán «avanzando con firmeza» para demostrar la responsabilidad estatal en la desprotección del senador. Por su parte, líderes de la oposición reaccionaron con indignación; figuras como Daniel Briceño y otros congresistas calificaron el hecho como una «vergüenza» y señalaron a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, de actuar bajo intereses políticos para proteger a un aliado histórico del presidente Gustavo Petro.
Mientras se define el futuro jurídico del director de la UNP, Augusto Rodríguez rompió su silencio y manifestó que nunca ha sido escuchado formalmente por el ente acusador, reclamando su derecho a la defensa. El funcionario sostiene que la entidad bajo su mando cumplió con los protocolos establecidos, pese a que las evidencias preliminares sugerían fallas estructurales en el esquema de protección el día del ataque en Bogotá. La incertidumbre jurídica prolonga el dolor de una familia y de un sector político que exige verdad y justicia ante uno de los crímenes más graves de la última década.
