Por: Lina García Gañán
Un destino con todo para brillar
Antioquia y Medellín tienen con qué ser un referente mundial de turismo: naturaleza, cultura, gastronomía, innovación, música, deporte, ciencia, cafés, montañas y un talento humano que hace sentir a cualquiera como en casa. Pero hoy la conversación pública se nos está contaminando por un fenómeno inaceptable: el turismo de los proxenetas, el que se alimenta de la trata de personas, la explotación sexual, la pedofilia y la prostitución de menores.
Y aquí no hay ambigüedad posible: eso no es turismo. Es crimen.
La línea roja: la niñez no se negocia
Colombia tiene normas claras para enfrentar este horror. La Ley 1336 de 2009 robusteció la lucha contra la explotación, la pornografía y el «turismo sexual» con niñas, niños y adolescentes. Además, el Código Penal tipifica conductas como la demanda de explotación sexual comercial de menores (art. 217-A), con agravantes cuando el responsable es un turista o viajero.
Si el marco existe, el problema no es «falta de leyes». El problema es falta de control efectivo, articulación, prevención real y sanción rápida contra quienes convierten la hospitalidad en impunidad.
Antioquia no puede pagar el costo de una industria criminal
El daño no se queda en un titular:
- Destruye vidas y familias.
- Corrompe economías locales (taxistas, porteros, administradores, «reclutadores», intermediarios).
- Degrada barrios y destinos (Medellín, Oriente, Suroeste, Urabá).
- Pone a competir a la ciudadanía con una economía ilícita que «paga» y compra silencios.
- Golpea la reputación, la inversión seria y el turismo familiar y cultural.
Por eso, el dilema no es «turismo sí o no». El dilema es qué turismo y con qué reglas.
La responsabilidad del Gobierno Nacional: liderazgo, inteligencia y resultados
Este no es un problema municipal. Las redes de explotación operan con movilidad internacional, pagos digitales, plataformas, captación y traslado. Por eso, el Gobierno Nacional debe asumir una agenda con dientes:
- Acción coordinada contra redes, no solo operativos dispersos.
- Política nacional de turismo responsable aplicada, no decorativa.
- Tecnología e investigación criminal para entornos digitales.
1) Acción coordinada contra redes, no solo operativos dispersos.
La trata tiene marco legal propio y exige medidas de prevención, protección y asistencia a víctimas (Ley 985 de 2005) y sanción penal (art. 188A del Código Penal). No basta capturar eslabones débiles; hay que perseguir finanzas, cabecillas, facilitadores y cómplices.
2) Política nacional de turismo responsable aplicada, no decorativa.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con lineamientos y materiales de prevención de la ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes) asociada al turismo. Eso debe traducirse en: inspección real, estándares verificables y sanciones consistentes a prestadores que toleren o faciliten.
3) Tecnología e investigación criminal para entornos digitales.
Las redes usan internet. Existe normatividad penal sobre el uso de medios de comunicación para ofrecer o facilitar actividades sexuales con menores (por ejemplo, art. 219A). Aquí el Estado debe actuar con investigación digital, cooperación internacional y judicialización efectiva.
Migración Colombia: control migratorio con enfoque de protección
Esto hay que decirlo con cuidado y con firmeza: control migratorio no es xenofobia. Es protección de derechos y seguridad.
Migración Colombia define requisitos y procedimientos de ingreso y salida, incluyendo controles y prerregistro como Check-Mig. En un contexto donde hay explotadores que viajan, reinciden y se mueven por destinos específicos, el país necesita:
- Alertas y cooperación interinstitucional (Fiscalía, Policía, ICBF y autoridades locales) para identificar patrones de riesgo y reincidencias, respetando el debido proceso.
- Verificación estricta del propósito y las condiciones de permanencia cuando existan señales objetivas de riesgo.
- Intercambio de información con agencias internacionales cuando corresponda, para impedir que agresores seriales entren, roten o regresen como si nada.
El mensaje es simple: el extranjero que viene a aportar es bienvenido. El que viene a explotar, no.
Una ciudad no cae en este negocio solo por la existencia de delincuentes, sino por la cadena de facilidades: alojamiento permisivo, administración indiferente, servicios que miran a otro lado, y plataformas que priorizan volumen sobre control.
La hospitalidad no puede convertirse en complicidad.
Turismo sí, impunidad no
Antioquia no necesita que la «promuevan» como mercancía. Necesita que la respeten como hogar. Podemos recibir al mundo y, al mismo tiempo, blindarnos contra el crimen.
Porque el nombre de Medellín no puede ser la fachada de una industria de abuso. No somos un burdel. Medellín decide. Antioquia decide. Y la niñez se protege.
