Una tormenta política sacude a la Casa de Nariño luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara públicamente este fin de semana la utilización de recursos del presupuesto nacional para financiar su defensa legal en Estados Unidos. El mandatario reconoció la existencia de un contrato estatal por un valor aproximado de 10.000 millones de pesos, destinado a la contratación de una firma de abogados norteamericana con el objetivo específico de gestionar su exclusión de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida comúnmente como la Lista Clinton.
La admisión del jefe de Estado se produjo tras la revelación de documentos que vinculaban a la Presidencia de la República con el millonario desembolso. Al ser consultado sobre la veracidad de la información, Petro aceptó que la administración central autorizó el gasto, argumentando que las sanciones o señalamientos internacionales en su contra afectan directamente la institucionalidad del país y el ejercicio de sus funciones diplomáticas y ejecutivas. Según la versión oficial, la estrategia jurídica busca limpiar su nombre ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para garantizar la operatividad de su mandato.
Sin embargo, la confirmación ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores políticos y organismos de veeduría, quienes cuestionan la legalidad de emplear el erario para resolver asuntos que consideran de índole personal. Juristas expertos en derecho administrativo han señalado que la inclusión en listas como la de la OFAC suele derivarse de investigaciones sobre conductas individuales, por lo que la defensa debería ser costeada con el patrimonio propio del implicado y no con los impuestos de los colombianos. La oposición ha calificado el hecho como un presunto detrimento patrimonial de grandes proporciones.
El contrato, que involucra a un prestigioso bufete de abogados en Washington, incluye labores de cabildeo y representación legal ante las autoridades federales estadounidenses. La cifra de 10.000 millones de pesos ha sido catalogada por analistas económicos como desproporcionada, especialmente en un contexto de austeridad fiscal. Este reconocimiento por parte del presidente abre la puerta a investigaciones formales por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría, entes que deberán determinar si la justificación de «defensa institucional» tiene asidero legal o si se incurrió en una falta disciplinaria y fiscal grave.
La polémica amenaza con escalar en el Congreso de la República, donde bancadas independientes y de oposición ya preparan citaciones a debate de control político para los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que firmaron la autorización del gasto. Mientras tanto, la opinión pública permanece a la expectativa de los resultados que pueda arrojar esta defensa internacional financiada con dineros del Estado, en un caso que sienta un precedente complejo sobre los límites entre la figura presidencial y las responsabilidades individuales ante la justicia extranjera.
