El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva turbulencia política con la inminente salida de Juan Carlos Florián, titular del Ministerio de la Igualdad. Fuentes de alto nivel confirmaron que el mandatario solicitó la renuncia protocolaria del funcionario en la noche del martes, marcando el inicio de lo que podría ser un nuevo ajuste ministerial en el arranque del año 2026. La decisión obedece a la preocupación del Ejecutivo por los bajos índices de ejecución presupuestal en dicha cartera y la incertidumbre jurídica que rodea su existencia tras los fallos de la Corte Constitucional.
La salida de Florián, quien ya se encuentra adelantando el proceso de empalme y entrega de documentos, se oficializaría durante el consejo de ministros citado para este miércoles. Su gestión había estado bajo escrutinio desde finales del año anterior, no solo por las dificultades administrativas para implementar los programas sociales prometidos, sino por el riesgo latente de liquidación que enfrenta la entidad. Este movimiento busca oxigenar una de las apuestas banderas del gobierno que no ha logrado consolidarse operativamente.
Sumado a este cambio confirmado, crecen los rumores sobre la posible salida de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia. Desde diciembre de 2025, se han reportado desencuentros estratégicos entre la funcionaria y el Jefe de Estado, lo que ha debilitado su posición dentro del gabinete. Aunque su renuncia no ha sido oficializada, fuentes de la Casa de Nariño sugieren que su continuidad está en evaluación, lo que ampliaría el alcance de este remezón.
Este escenario de inestabilidad se suma a las recientes dimisiones de Angie Rodríguez en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de Jorge Lemus en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). Con estos movimientos, la administración de Gustavo Petro acumula la salida de 57 ministros desde su llegada al poder, una cifra que refleja la alta rotación en los cargos directivos del Estado y las dificultades para mantener equipos de trabajo consolidados a largo plazo.
El contexto de estos cambios también está marcado por los antecedentes judiciales que golpearon al gobierno, específicamente las salidas de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios se encuentran vinculados a investigaciones y cobijados con medidas de aseguramiento por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y hallazgos en Invías, hechos que han presionado al Ejecutivo a realizar depuraciones constantes para intentar blindar su imagen ante la opinión pública.
