El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional con el objetivo de proteger los ingresos petroleros de Venezuela que se encuentran depositados en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense. La medida busca evitar que estos fondos sean objeto de embargos, juicios o reclamos legales por parte de acreedores internacionales, garantizando que el capital se preserve para fines vinculados a la política exterior de Washington y la estabilidad futura de la nación sudamericana.
La Casa Blanca informó que la directiva bloquea cualquier intento de incautación, gravamen o ejecución judicial contra lo que se ha denominado «Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero». Estos activos, compuestos principalmente por los ingresos de las ventas de petróleo y diluyentes, se consideran ahora propiedad soberana de Venezuela bajo custodia estadounidense para propósitos gubernamentales y diplomáticos. La administración Trump argumentó que permitir que acreedores privados accedan a estos recursos socavaría los esfuerzos críticos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela, además de poner en riesgo objetivos de seguridad nacional como el control de la inmigración ilegal y el narcotráfico.
En un mensaje difundido a través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense expresó su optimismo respecto al impacto de estas políticas en el país caribeño. Trump aseguró amar al pueblo venezolano y afirmó que su gestión ya está trabajando para devolver la riqueza y la seguridad a la nación. En su publicación, extendió felicitaciones y agradecimientos a quienes colaboran en este proceso, reforzando la narrativa de una intervención orientada a la reconstrucción económica mediante el resguardo de los activos energéticos clave.
La orden ejecutiva se produce en un contexto de intensa actividad diplomática y empresarial. Horas antes del anuncio, el presidente sostuvo reuniones con altos ejecutivos de corporaciones petroleras como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, incentivando inversiones que podrían rondar los 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria de hidrocarburos venezolana. Chevron, que ya cuenta con licencias para operar en el país, figura como un actor central en esta estrategia de reactivación, mientras que la protección de los fondos busca asegurar que los ingresos generados no se diluyan en el pago de deudas heredadas de administraciones anteriores, sino que se destinen a la consolidación de un nuevo orden económico.
Expertos en geopolítica energética señalan que esta medida otorga a la administración estadounidense un control casi total sobre el flujo de caja petrolero de Venezuela en el corto plazo. Al blindar los recursos de los litigios de tenedores de bonos y empresas expropiadas en el pasado, Washington asume el rol de garante financiero, asegurando que el dinero se utilice exclusivamente bajo sus directrices de política exterior. La Casa Blanca advirtió que la pérdida de control sobre estos ingresos podría beneficiar a actores adversarios o grupos irregulares, justificando así la necesidad de esta «emergencia nacional» para custodiar los activos estratégicos de Venezuela.
