En un giro estratégico dentro del proceso judicial que se adelanta en Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha modificado sustancialmente la caracterización del denominado Cartel de los Soles en su acusación formal. Tras la reciente extracción del expresidente venezolano Nicolás Maduro hacia territorio estadounidense, los fiscales federales han dejado de señalarlo como el «líder» de una organización jerárquica para describir su rol dentro de un complejo «sistema de clientelismo» protegido por el Estado.
Esta redefinición legal marca un distanciamiento de la designación previa de Organización Terrorista Extranjera (FTO) que la administración había impulsado políticamente. El nuevo documento acusatorio elimina la mayoría de las referencias a una estructura de cartel tradicional, optando por describir un entorno de corrupción institucionalizada. Según la nueva narrativa judicial, Maduro no encabezaba un grupo con cadena de mando vertical, sino que «participó, perpetuó y protegió» un esquema donde élites militares y políticas se beneficiaban del tráfico de estupefacientes a cambio de lealtad.
Expertos en crimen organizado y derecho internacional interpretan este ajuste como una maniobra para blindar el caso ante los tribunales. Demostrar la existencia del Cartel de los Soles como una entidad corporativa similar a los carteles mexicanos o colombianos ha sido históricamente difícil, dado que analistas de seguridad han sostenido por años que se trata más de una red difusa de oficiales corruptos que de una organización monolítica. Al tipificarlo como un sistema de clientelismo, la fiscalía reduce la carga probatoria necesaria para condenar a los acusados por conspiración narcotraficante.
La modificación contrasta con la retórica empleada durante las operaciones que llevaron a la captura del mandatario venezolano, las cuales se justificaron bajo la premisa de descabezar una estructura narcoterrorista. Sin embargo, en el terreno procesal, este cambio permite a los fiscales centrarse en los flujos de dinero y los actos de corrupción específicos, evitando el debate técnico sobre la existencia formal del grupo armado.
Durante su primera comparecencia ante el juez federal, Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos imputados, autodenominándose un «prisionero de guerra». La defensa del exmandatario deberá ahora enfrentarse a una acusación que, aunque menos grandilocuente en sus términos descriptivos, es considerada por juristas como más sólida y difícil de refutar bajo las leyes federales de conspiración criminal de Estados Unidos.
