La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia elevó una solicitud urgente a la Corte Constitucional para que sin importar la vacancia judicial, asuma de inmediato el control automático del Decreto 1390 de 2025. En una misiva dirigida al presidente del alto tribunal, la congresista del Centro Democrático calificó la declaratoria de Emergencia Económica expedida por el gobierno de Gustavo Petro como una maniobra «infame» e inconstitucional diseñada para legislar sin contrapesos durante el receso de fin de año.
En el documento radicado ante el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, Valencia argumentó que la «guardia de la Constitución no toma recesos» y advirtió que permitir la vigencia de estas facultades extraordinarias durante tres semanas sin control judicial conllevaría un grave perjuicio para la institucionalidad. Su petición busca que la Sala Plena se reúna extraordinariamente para frenar lo que considera un intento del Ejecutivo de «romper la Constitución» y suplantar al Congreso tras el hundimiento de sus reformas tributarias.
La senadora sustentó su rechazo al decreto asegurando que la crisis fiscal invocada por la Casa de Nariño no cumple con los requisitos de imprevisibilidad exigidos por la ley, sino que responde a la ineficiencia administrativa y al derroche. Como prueba, reveló cifras oficiales de ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2025, donde sectores neurálgicos como la Presidencia de la República apenas alcanzaban un 22,1% de ejecución y el Ministerio de Transporte un 26,0%, desmintiendo así la supuesta falta de recursos disponibles.
Valencia también denunció que el Gobierno pretende utilizar la emergencia para imponer impuestos que el Congreso ya había negado democráticamente. Señaló que el déficit en salud alegado para justificar la medida, relacionado con el ajuste de la UPC, era una obligación conocida desde enero de 2025 mediante el Auto 007 de la Corte, la cual el Ejecutivo decidió incumplir deliberadamente durante un año para generar esta coyuntura. Asimismo, criticó los recortes previos al sector defensa y el aumento desbordado en la nómina estatal, que pasó de 8,1 a 14,6 billones de pesos entre 2022 y 2026.
Finalmente, la senadora advirtió sobre el riesgo de que estos recursos extraordinarios sean desviados hacia fines electorales de cara a los comicios de 2026. Según su denuncia, el decreto permitiría traslados presupuestales «a dedo» y contrataciones directas en entidades como la UNGRD y el Ministerio de la Igualdad, evadiendo la Ley de Garantías. Por ello, reiteró su compromiso de intervenir en el proceso judicial para demostrar la improcedencia de la medida y proteger el bolsillo de los colombianos frente a nuevas cargas tributarias impuestas por decreto.
