El presidente de la República, Gustavo Petro, emitió un contundente pronunciamiento en defensa de sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, luego de que un tribunal de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra ambos exfuncionarios. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el jefe de Estado calificó la decisión judicial como una maniobra política impulsada por la oposición, sugiriendo que el encarcelamiento de sus antiguos colaboradores responde a una estrategia electoral y no a una búsqueda genuina de justicia.
En su declaración, el mandatario sostuvo que los sectores contrarios a su gobierno están instrumentalizando el aparato judicial para obtener ventajas en las urnas. Según Petro, sus adversarios políticos «solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones», insinuando que la imagen de los exministros tras las rejas es un trofeo mediático diseñado para debilitar al progresismo de cara a la contienda presidencial de 2026. Esta afirmación profundiza la narrativa del presidente sobre un presunto «golpe blando» ejecutado a través de organismos de control.
El jefe de Estado fue enfático al asegurar que ni el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, representan un peligro para la sociedad que justifique la privación de su libertad. Petro defendió la trayectoria de ambos, destacando especialmente el perfil académico de Bonilla, a quien describió como un hombre estudioso que pudo haber cometido errores por ingenuidad política, pero no delitos de corrupción. Para el presidente, la medida de aseguramiento es desproporcionada y carece de fundamentos sólidos que demuestren la necesidad de reclusión inmediata.
La reacción presidencial surge en el contexto del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), caso por el cual la Fiscalía imputó cargos a los exministros. El ente acusador señala que ambos exfuncionarios habrían participado en el direccionamiento de contratos para comprar lealtades en el Congreso. Sin embargo, Petro desestimó estas acusaciones como parte de un entramado para afectar su gobernabilidad, insistiendo en que la corrupción en la entidad es un problema estructural heredado y no una directriz de su administración.
Adicionalmente, el presidente cuestionó la imparcialidad de la magistrada que dictó la medida, recordando fallos anteriores de la misma funcionaria que favorecieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Petro contrastó ambas decisiones para alegar un supuesto doble rasero en la justicia, donde se otorga libertad a líderes de derecha mientras se aplica todo el rigor de la ley contra figuras del actual gobierno. Esta comparación ha generado una fuerte reacción en la rama judicial, que defiende la autonomía de sus decisiones frente a las críticas del Ejecutivo.
Finalmente, el mandatario calificó el momento de la detención, previo a la temporada navideña, como una forma de «tortura psicológica» innecesaria para los procesados y sus familias. Con este mensaje, Gustavo Petro cierra filas en torno a su círculo político más cercano, trasladando el debate jurídico al terreno de la confrontación ideológica y anticipando un escenario de alta polarización política mientras avanzan las investigaciones por uno de los casos de corrupción más sonados del actual cuatrienio.
