El Gobierno de Colombia ha marcado una nueva pauta en su política exterior respecto a la crisis en Venezuela, planteando oficialmente la posibilidad de otorgar asilo político a Nicolás Maduro si dicha medida contribuye a una solución pacífica y negociada en el vecino país. La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó en declaraciones recientes a medios nacionales que la administración del presidente Gustavo Petro no descarta esta opción si se presenta una solicitud formal de protección bajo un acuerdo de salida del poder.
La jefa de la diplomacia colombiana explicó que, si bien no existe una petición actual, el Estado colombiano mantiene su tradición de respeto al derecho de asilo y refugio. Según sus palabras, si una eventual negociación entre el régimen venezolano, la oposición y actores internacionales como Estados Unidos derivara en la necesidad de que Maduro abandone Caracas, Colombia «no tendría por qué decirle que no» a una solicitud de acogida. Esta postura refuerza el rol que Bogotá busca desempeñar como facilitador de una transición democrática, priorizando la estabilidad regional sobre la confrontación directa.
A pesar de la disposición manifestada, la canciller Villavicencio matizó sus declaraciones señalando la improbabilidad de que el mandatario venezolano elija a Colombia como su destino de exilio. La funcionaria sugirió que, en un escenario hipotético de abandono del poder, Maduro probablemente optaría por una ubicación geográfica «más distante y más tranquila», lejos de la polarización que su presencia generaría en la sociedad colombiana y de la cercanía con sus detractores políticos. Sin embargo, reiteró que la oferta estaría sobre la mesa como una herramienta diplomática para destrabar el conflicto.
El pronunciamiento se da en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por el incremento de la presión desde Washington y el despliegue de operaciones militares estadounidenses en el Caribe enfocadas en la lucha contra el narcotráfico. Analistas internacionales interpretan la declaración de la Cancillería como un intento de ofrecer una «salida segura» o un puente de plata que permita desescalar la confrontación inminente, alineándose con la propuesta del presidente Petro de buscar una amnistía general y un gobierno de transición.
Las reacciones en el ámbito político interno no se han hecho esperar. Sectores de la oposición colombiana han criticado severamente la posibilidad de dar refugio a Maduro, calificándolo como un acto de impunidad frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos que pesan sobre su administración. Por su parte, el Gobierno defiende su estrategia argumentando que la paz en Colombia está intrínsecamente ligada a la estabilidad de Venezuela y que las soluciones diplomáticas, aunque impopulares, suelen ser las más efectivas para evitar desenlaces violentos que afectarían a toda la región.
Mientras la comunidad internacional observa con cautela, la diplomacia colombiana insiste en que cualquier movimiento dependerá exclusivamente de los avances en las negociaciones entre el chavismo y la Casa Blanca. Por ahora, la declaración de la canciller deja claro que Bogotá está dispuesta a asumir costos políticos significativos si ello garantiza el restablecimiento del orden democrático en Venezuela y frena una crisis migratoria y humanitaria de mayores proporciones.
